Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas
Nuestro trabajo sostiene la vida! ¡Doblemente explotadas, doblemente revolucionarias! ¡Contra el ajuste, el extractivismo y las violencias!
Ecuador asiste al reforzamiento del sistema capitalista y con éste a la implementación de políticas neoliberales que buscan aumentar las ganancias de las élites globales y nacionales, en detrimento de los pueblos y sus necesidades. Sólo en estos últimos 12 años de Revolución Ciudadana, los empresarios ganaron 176 mil millones de dólares y en los primeros meses del 2019, la banca tuvo 188 millones de dólares de ganancias, 38 millones más que en 2018. Para ello, el gobierno implementa políticas represivas, fortaleciendo los aparatajes militaristas y la agenda imperialista, mientras desfinancia al IESS y reduce presupuesto para concretar la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este proyecto de control, saqueo y despojo es parte de la memoria larga de este continente y de las luchas que levantamos hace unas décadas para impedir que sean los intereses de las empresas transnacionales, los agroexportadores y banqueros, el Fondo Monetario Internacional los que definan nuestro presente y nuestro futuro. Con el pasar de los años, hemos aprendido que ni los progresismos que favorecen al capitalismo, ni las derechas neoliberales, resuelven las injusticias y desigualdades de las grandes mayorías, somos nosotrxs que organizadxs y luchando podemos transformar la sociedad.
Quienes sostenemos la vida todos los días con nuestro trabajo productivo y reproductivo, sabemos que el proyecto de explotación de las élites y el Estado condicionan aún más la justicia y la redistribución, coartando la posibilidad de acceder a condiciones laborales dignas, e incluso a permanecer vivas. En Ecuador, han sido despedidxs 200 mil trabajadorxs públicxs en los últimos tres años, muchas son mujeres, únicas responsables y encargadas de su sobrevivencia, y para quienes encontrar un nuevo trabajo a la par que sostener a sus familias, implica gestionar sus realidades de manera más precaria y en multiempleos. El 5,7% de las mujeres económicamente activas estamos desempleadas y tenemos una tasa de empleo adecuado de 28,87%, mientras que en el caso de los hombres, el empleo adecuado es de 44,8%. Eso solo es posible porque nuestro trabajo no pagado subisidia las economías familiares y genera riqueza, que nunca modifica la sobrecarga laboral que pesa sobre nuestros hombros. Mientras los hombres en el país, trabajan seis horas semanales en tareas de cuidado, limpieza y crianza, nosotras destinamos 24 horas semanales a trabajo reproductivo no remunerado. 142 mil niñas y adolescentes, de entre 5 y 17 años, trabajan dentro y fuera del hogar, en casas de terceros y en las de algún familiar. En estos últimos años, las trabajadoras remuneradas del hogar han visto cómo su vida es más precaria, son contratadas únicamente por horas y sin afiliación al seguro social. Esta esclavitud doméstica, a su vez, limita nuestras posibilidades para participar en ámbitos organizativo-políticos.
Para las que vivimos en el campo, la vida es más dura. Somos las primeras en levantarnos y las últimas en descansar, trabajamos seis horas más a la semana que las que habitan la ciudad. Ganamos 35% menos que los hombres, pero producimos el 60% de los alimentos que se consume en el país. El trabajo precarizado, sobreexplotado y no pagado de mujeres indígenas, campesinas, afro y montubias subsidian la alimentación del Ecuador. Solo el 25% de la tierra productiva está en nuestras manos, el 75% restante es de propiedad masculina. Las mujeres de pueblos y nacionalidades, las que viven en la ruralidad, son las guardianas del agua, las semillas y la soberanía alimentaria, y son también quienes colocan su lucha y su cuerpo, ese que es nuestro primer territorio, para hacerle frente a las actividades extractivas.
Quienes estamos dentro del ámbito del trabajo sexual, también vivimos múltiples violencias. Esta es una de las industrias que más cosifica a la mujeres y a las disidencias sexo genéricas: cerca del 70% de quienes nos dedicamos a esta actividad sufrimos depresión. El maltrato, violación, abuso, humillación y tortura es parte de la situación en la que vivimos, aumentando las posibilidades de asesinato 40 veces más que los de una mujer común; carecemos de derechos laborales y pagos justos, ante la existencia de intermediarios que negocian con nuestros cuerpos y un Estado que no crea garantías para nuestra subsistencia. De la misma forma, lxs trabajadorxs sexuales con cuerpos feminizados no son consideradxs como mujeres, manteniéndose en la informalidad y acarreando los mismos problemas de quienes nos vemos acorraladas por este sistema a realizar este trabajo para ganarnos la vida. El Estado es quien debe garantizar que nuestro trabajo se dé en condiciones dignas, lejos de redes criminales de trata de blancas, esclavitud o amedrentamiento de terceras personas.
Al odio consciente e inconsciente contra nosotras, se suma al odio del Estado y parte de la sociedad contra todo migrante que llega a buscar mejores condiciones de vida. En tiempos de crisis, cuando la burguesía racista y machista, así como sus representantes políticos se ven sin ninguna salida, el invento del enemigo interno, aparece. Y las mujeres que migran, son las que más están a merced de la violencia y la explotación del sistema. En el caso de mujeres migrantes de nacionalidades venezolana, colombiana y de otras partes del mundo se hace necesario denunciar las condiciones laborales precarias y las violencias a las que se ven sometidas a diario. Muchas de ellas se constituyen en mano de obra barata, sin posibilidad de acceso a derechos laborales básicos como la seguridad social y con el elevado riesgo de vivir situaciones de violencia sexual en la búsqueda de empleo digno.
A pesar de que sostenemos el mundo, somos las más precarizadas, explotadas y violentadas: en el país 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido alguna vez violencia machista, no solo en nuestros hogares, también en nuestros espacios de trabajo y en los espacios públicos. Desde el 2014, 684 mujeres han sido asesinadas en Ecuador por ser mujeres. Un feminicidio sucede cada tres días. Cada día hay un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a mujeres y menores. 20 mil niñas que sufrieron una violación, fueron obligadas a ser madres. 200 mujeres han sido judicializadas por abortar, todas jóvenes, todas empobrecidas.
De la misma manera, 5 de cada 10 estudiantes y 4 de cada 10 docentes mujeres han sido acosadas sexualmente en su vida universitaria. Pero el Estado y las instituciones educativas se niegan permanentemente a garantizarnos educación sexual integral, recortando presupuestos destinados a garantizar los derechos de las mujeres y permitendo la entrada de agendas políticas de los grupos antiderechos. Incluso, nosotras las más jóvenes nos vemos obligadas a abandonar el colegio para llevar adelante embarazos no deseados, las cúpulas de las iglesias y el Estado impiden que podamos cumplir nuestros proyectos de vida. Así mismo, siendo jóvenes, nos piden experiencia para obtener un trabajo digno, y como no tenemos ese «requisito», nos vemos empujadas a ser mano de obra barata en condiciones laborales precarias.
El castigo, la disciplina y la violencia del Estado contra el pueblo, y contra nosotras, es la clara muestra del pacto del gobierno con las élites. Frente a esto, nosotras nos organizamos, caminamos y luchamos juntas. Ante la acumulación y la violencia del sistema,la redistribución y el cuidado. Ante el olvido y la impunidad, memoria y justicia.
¡Si nuestras vidas no valen nada, subsistan sin nosotras!
¡Frente a la sobreexplotación del sistema capitalista, el patriarcado y el colonialismo, las mujeres nos levantamos!
Nuestro trabajo sostiene la vida! ¡Doblemente explotadas, doblemente revolucionarias! ¡Contra el ajuste, el extractivismo y las violencias!
Ecuador asiste al reforzamiento del sistema capitalista y con éste a la implementación de políticas neoliberales que buscan aumentar las ganancias de las élites globales y nacionales, en detrimento de los pueblos y sus necesidades. Sólo en estos últimos 12 años de Revolución Ciudadana, los empresarios ganaron 176 mil millones de dólares y en los primeros meses del 2019, la banca tuvo 188 millones de dólares de ganancias, 38 millones más que en 2018. Para ello, el gobierno implementa políticas represivas, fortaleciendo los aparatajes militaristas y la agenda imperialista, mientras desfinancia al IESS y reduce presupuesto para concretar la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este proyecto de control, saqueo y despojo es parte de la memoria larga de este continente y de las luchas que levantamos hace unas décadas para impedir que sean los intereses de las empresas transnacionales, los agroexportadores y banqueros, el Fondo Monetario Internacional los que definan nuestro presente y nuestro futuro. Con el pasar de los años, hemos aprendido que ni los progresismos que favorecen al capitalismo, ni las derechas neoliberales, resuelven las injusticias y desigualdades de las grandes mayorías, somos nosotrxs que organizadxs y luchando podemos transformar la sociedad.
Quienes sostenemos la vida todos los días con nuestro trabajo productivo y reproductivo, sabemos que el proyecto de explotación de las élites y el Estado condicionan aún más la justicia y la redistribución, coartando la posibilidad de acceder a condiciones laborales dignas, e incluso a permanecer vivas. En Ecuador, han sido despedidxs 200 mil trabajadorxs públicxs en los últimos tres años, muchas son mujeres, únicas responsables y encargadas de su sobrevivencia, y para quienes encontrar un nuevo trabajo a la par que sostener a sus familias, implica gestionar sus realidades de manera más precaria y en multiempleos. El 5,7% de las mujeres económicamente activas estamos desempleadas y tenemos una tasa de empleo adecuado de 28,87%, mientras que en el caso de los hombres, el empleo adecuado es de 44,8%. Eso solo es posible porque nuestro trabajo no pagado subisidia las economías familiares y genera riqueza, que nunca modifica la sobrecarga laboral que pesa sobre nuestros hombros. Mientras los hombres en el país, trabajan seis horas semanales en tareas de cuidado, limpieza y crianza, nosotras destinamos 24 horas semanales a trabajo reproductivo no remunerado. 142 mil niñas y adolescentes, de entre 5 y 17 años, trabajan dentro y fuera del hogar, en casas de terceros y en las de algún familiar. En estos últimos años, las trabajadoras remuneradas del hogar han visto cómo su vida es más precaria, son contratadas únicamente por horas y sin afiliación al seguro social. Esta esclavitud doméstica, a su vez, limita nuestras posibilidades para participar en ámbitos organizativo-políticos.
Para las que vivimos en el campo, la vida es más dura. Somos las primeras en levantarnos y las últimas en descansar, trabajamos seis horas más a la semana que las que habitan la ciudad. Ganamos 35% menos que los hombres, pero producimos el 60% de los alimentos que se consume en el país. El trabajo precarizado, sobreexplotado y no pagado de mujeres indígenas, campesinas, afro y montubias subsidian la alimentación del Ecuador. Solo el 25% de la tierra productiva está en nuestras manos, el 75% restante es de propiedad masculina. Las mujeres de pueblos y nacionalidades, las que viven en la ruralidad, son las guardianas del agua, las semillas y la soberanía alimentaria, y son también quienes colocan su lucha y su cuerpo, ese que es nuestro primer territorio, para hacerle frente a las actividades extractivas.
Quienes estamos dentro del ámbito del trabajo sexual, también vivimos múltiples violencias. Esta es una de las industrias que más cosifica a la mujeres y a las disidencias sexo genéricas: cerca del 70% de quienes nos dedicamos a esta actividad sufrimos depresión. El maltrato, violación, abuso, humillación y tortura es parte de la situación en la que vivimos, aumentando las posibilidades de asesinato 40 veces más que los de una mujer común; carecemos de derechos laborales y pagos justos, ante la existencia de intermediarios que negocian con nuestros cuerpos y un Estado que no crea garantías para nuestra subsistencia. De la misma forma, lxs trabajadorxs sexuales con cuerpos feminizados no son consideradxs como mujeres, manteniéndose en la informalidad y acarreando los mismos problemas de quienes nos vemos acorraladas por este sistema a realizar este trabajo para ganarnos la vida. El Estado es quien debe garantizar que nuestro trabajo se dé en condiciones dignas, lejos de redes criminales de trata de blancas, esclavitud o amedrentamiento de terceras personas.
Al odio consciente e inconsciente contra nosotras, se suma al odio del Estado y parte de la sociedad contra todo migrante que llega a buscar mejores condiciones de vida. En tiempos de crisis, cuando la burguesía racista y machista, así como sus representantes políticos se ven sin ninguna salida, el invento del enemigo interno, aparece. Y las mujeres que migran, son las que más están a merced de la violencia y la explotación del sistema. En el caso de mujeres migrantes de nacionalidades venezolana, colombiana y de otras partes del mundo se hace necesario denunciar las condiciones laborales precarias y las violencias a las que se ven sometidas a diario. Muchas de ellas se constituyen en mano de obra barata, sin posibilidad de acceso a derechos laborales básicos como la seguridad social y con el elevado riesgo de vivir situaciones de violencia sexual en la búsqueda de empleo digno.
A pesar de que sostenemos el mundo, somos las más precarizadas, explotadas y violentadas: en el país 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido alguna vez violencia machista, no solo en nuestros hogares, también en nuestros espacios de trabajo y en los espacios públicos. Desde el 2014, 684 mujeres han sido asesinadas en Ecuador por ser mujeres. Un feminicidio sucede cada tres días. Cada día hay un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a mujeres y menores. 20 mil niñas que sufrieron una violación, fueron obligadas a ser madres. 200 mujeres han sido judicializadas por abortar, todas jóvenes, todas empobrecidas.
De la misma manera, 5 de cada 10 estudiantes y 4 de cada 10 docentes mujeres han sido acosadas sexualmente en su vida universitaria. Pero el Estado y las instituciones educativas se niegan permanentemente a garantizarnos educación sexual integral, recortando presupuestos destinados a garantizar los derechos de las mujeres y permitendo la entrada de agendas políticas de los grupos antiderechos. Incluso, nosotras las más jóvenes nos vemos obligadas a abandonar el colegio para llevar adelante embarazos no deseados, las cúpulas de las iglesias y el Estado impiden que podamos cumplir nuestros proyectos de vida. Así mismo, siendo jóvenes, nos piden experiencia para obtener un trabajo digno, y como no tenemos ese «requisito», nos vemos empujadas a ser mano de obra barata en condiciones laborales precarias.
El castigo, la disciplina y la violencia del Estado contra el pueblo, y contra nosotras, es la clara muestra del pacto del gobierno con las élites. Frente a esto, nosotras nos organizamos, caminamos y luchamos juntas. Ante la acumulación y la violencia del sistema,la redistribución y el cuidado. Ante el olvido y la impunidad, memoria y justicia.
¡Si nuestras vidas no valen nada, subsistan sin nosotras!
¡Frente a la sobreexplotación del sistema capitalista, el patriarcado y el colonialismo, las mujeres nos levantamos!
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