Marcos Salgado
El Senado boliviano, dominado por la oposición, sacudió el escenario político al aprobar en sesión sumarísima el mismo proyecto que dejaron dormir varios meses: una ley para revocar o confirmar el mandato de las máximas autoridades del país: prefectos, vicepresidente y presidente. En pocas horas, el gobierno de Evo Morales recogió el guante, saludó la iniciativa y anunció una rápida promulgación. En tres meses, bolivianas y bolivianos deberán volver a las urnas. El Gobierno busca reafirmar mayorías y afianzar un poder golpeado sistemáticamente por las elites que ahora tendrán una nueva oportunidad para materializar su anhelado golpe contra el proceso de cambio. Cambio de escenario, continuidad de objetivos. En diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados -con mayoría del Movimiento al Socialismo- dio media sanción a un proyecto enviado por el presidente Evo Morales, que buscaba resolver la crisis política promovida por la oposición apelando a la decisión del pueblo: que presidente, vicepresidente y prefectos (gobernadores) sometan su mandato a las mayorías. Los prefectos y la oposición política rechazaron ampulosamente el proyecto, y el Senado -controlado por la oposición- lo puso en el congelador. Hasta este jueves, cuando envalentonados por lo que consideran una victoria en el referendo ilegal por los estatutos autonómicos del departamento de Santa Cruz, lo convirtieron en ley sin tocar ni una coma, evitando así que el proyecto vuelva a revisión en Diputados. El presidente Evo Morales hizo lo único que se podía esperar de un hombre que llegó al Gobierno a cumplir con lo que propuso en su larga campaña a la presidencia y no a embriagarse de poder: saludó la iniciativa, y anunció que la promulgará apenas el Senado se la envíe. En un breve mensaje al país, valoró que será el pueblo el que decida. “Si los políticos no podemos acordar fácilmente, qué mejor que el pueblo decida el destino del país, el destino del presidente, del vicepresidente y de los prefectos”, dijo Evo, y llamó a marchar al referendo revocatorio “por la unidad del país, por respeto a la legalidad y al estado de derecho”. “Este referendo que propusimos el año pasado, está orientado a que en Bolivia se profundice la democracia, a definir en las urnas y no con violencia”, remarcó el Presidente y se manifestó 'contento' porque el Senado “al fin” aprobó la Ley de Referendo Revocatorio de Mandato Popular. Así, en algún momento del mes de agosto de este año, Bolivia volverá a las urnas, esta vez -a diferencia de lo que ocurrió el fin de semana, el proceso será legal. En cada departamento, se contestarán dos preguntas, una, común en todo el país: ¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera? y otra, para el Prefecto del departamento: ¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del Prefecto del Departamento?. Para que termine antes de tiempo el mandato de Evo Morales y Álvaro García Linera, el voto “NO” debe obtener “un porcentaje superior a cincuenta y tres, setecientos cuarenta por ciento (53,740%) y una votación superior a 1.544.374 votos”, dice textualmente la ley. Es decir, el rechazo debe acumular, porcentual y absolutamente, más votos que los que llevaron a Evo Morales a la presidencia, en las históricas elecciones de diciembre de 2005. La ley aprobada por el Senado boliviano pone también porcentajes y votos absolutos concretos en cada departamento. A partir de esta jugada de la derecha política, asumida y proyectada como nuevo desafío por el presidente Evo Morales, cambiarán los objetivos inmediatos de las elites. El proceso de la autonomía con fines golpistas y/o separatistas probablemente se desacelerará o al menos, perderá el centro de la escena, aunque se realicen los referendos previstos para junio en Beni, Pando y Tarija. Ahora los prefectos deberán ocuparse de refrendar sus espacios de poder. Para muchos de ellos, no será fácil. Incluido el ascendente Rubén Costas, de Santa Cruz: allí casi la mitad de los ciudadanos votaron NO y especialmente se abstuvieron de sufragar por los estatutos de las logias de poder. Difícilmente le confieran un voto de confianza dentro de 90 días. También cambian las hegemonías en las derechas. Ahora la derecha política que aprobó la ley de referendo vuelve al escena, a compartir espacio con la oposición más clasista, odiadora y defensora directa de sus intereses, encarnada en los millonarios del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Igualmente cambian las necesidades del oficialismo. El Movimiento al Socialismo deberá reactivar su aparato partidario para la campaña por el SÍ, deberá también articular mensaje y campaña con los movimientos sociales que encarnaron la resistencia a las autonomías para los privilegiados, como el último fin de semana en San Julián, Yapacaní, Montero, San Pedro y los barrios pobres de Santa Cruz de la Sierra. La reacción al proceso de cambio en Bolivia tiene ahora que cambiar de foco. Del gran angular, de la desestabilización por todos los costados -autonomías, intrigas militares, mentiras mediáticas, campañas internacionales, financiamiento vía ONG 'non sanctas', etc- deberá pasar al teleobjetivo del referendo revocatorio y su campaña por el “NO”. No le será tarea fácil, aunque hay críticas fundamentadas a algunos manejos tácticos del Gobierno, el vínculo de Evo Morales con las mayorías postergadas por siglos no se quebró en dos años de gestión. La pelea en Bolivia seguirá siendo -como la ha sido desde la campaña que llevó a Evo a la presidencia- una pelea de fondo. Lo que está en juego es mucho. Es todo el proceso de cambio: la nacionalización de los hidrocarburos, el reparto más equitativo de la riqueza, la Renta Dignidad para los ancianos, el bono Juancito Pinto para que los niños sigan estudiando, el protagonismo en la gestión de gobierno obtenido por comunidades indígenas. La batalla es la misma. “La lucha sigue y seguirá, es una lucha de 500 años atrás”, le gusta repetir al presidente boliviano. Lo que se viene en Bolivia dentro de 90 días es un desafío de fondo, es una batalla central. Aunque los paralelismos en política siempre son relativos, vale la pena recordar el resultado del referendo que confirmó en el gobierno al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en agosto de 2004. Con el triunfo del “NO” a la salida del presidente venezolano, se aceleraron los cambios y la oposición se sumió en una profunda crisis. Recién ahora, cuatro años después, comienzan a dar señales de vida, montados en los propios errores del proceso, que se intentan rectificar. El triunfo del “SI” a Evo en el próximo agosto, sin duda generará un efecto similar, será un momento de consolidación del proyecto de cambios profundos que el pueblo boliviano decidió transitar hace dos años. El triunfo del “SI” servirá para reforzar la confianza en la fuerza propia. El trabajo de aquí a agosto será duro, a fin de que sea, como en 2004, un agosto para afianzar los cambios en América Latina.
El Senado boliviano, dominado por la oposición, sacudió el escenario político al aprobar en sesión sumarísima el mismo proyecto que dejaron dormir varios meses: una ley para revocar o confirmar el mandato de las máximas autoridades del país: prefectos, vicepresidente y presidente. En pocas horas, el gobierno de Evo Morales recogió el guante, saludó la iniciativa y anunció una rápida promulgación. En tres meses, bolivianas y bolivianos deberán volver a las urnas. El Gobierno busca reafirmar mayorías y afianzar un poder golpeado sistemáticamente por las elites que ahora tendrán una nueva oportunidad para materializar su anhelado golpe contra el proceso de cambio. Cambio de escenario, continuidad de objetivos. En diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados -con mayoría del Movimiento al Socialismo- dio media sanción a un proyecto enviado por el presidente Evo Morales, que buscaba resolver la crisis política promovida por la oposición apelando a la decisión del pueblo: que presidente, vicepresidente y prefectos (gobernadores) sometan su mandato a las mayorías. Los prefectos y la oposición política rechazaron ampulosamente el proyecto, y el Senado -controlado por la oposición- lo puso en el congelador. Hasta este jueves, cuando envalentonados por lo que consideran una victoria en el referendo ilegal por los estatutos autonómicos del departamento de Santa Cruz, lo convirtieron en ley sin tocar ni una coma, evitando así que el proyecto vuelva a revisión en Diputados. El presidente Evo Morales hizo lo único que se podía esperar de un hombre que llegó al Gobierno a cumplir con lo que propuso en su larga campaña a la presidencia y no a embriagarse de poder: saludó la iniciativa, y anunció que la promulgará apenas el Senado se la envíe. En un breve mensaje al país, valoró que será el pueblo el que decida. “Si los políticos no podemos acordar fácilmente, qué mejor que el pueblo decida el destino del país, el destino del presidente, del vicepresidente y de los prefectos”, dijo Evo, y llamó a marchar al referendo revocatorio “por la unidad del país, por respeto a la legalidad y al estado de derecho”. “Este referendo que propusimos el año pasado, está orientado a que en Bolivia se profundice la democracia, a definir en las urnas y no con violencia”, remarcó el Presidente y se manifestó 'contento' porque el Senado “al fin” aprobó la Ley de Referendo Revocatorio de Mandato Popular. Así, en algún momento del mes de agosto de este año, Bolivia volverá a las urnas, esta vez -a diferencia de lo que ocurrió el fin de semana, el proceso será legal. En cada departamento, se contestarán dos preguntas, una, común en todo el país: ¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera? y otra, para el Prefecto del departamento: ¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del Prefecto del Departamento?. Para que termine antes de tiempo el mandato de Evo Morales y Álvaro García Linera, el voto “NO” debe obtener “un porcentaje superior a cincuenta y tres, setecientos cuarenta por ciento (53,740%) y una votación superior a 1.544.374 votos”, dice textualmente la ley. Es decir, el rechazo debe acumular, porcentual y absolutamente, más votos que los que llevaron a Evo Morales a la presidencia, en las históricas elecciones de diciembre de 2005. La ley aprobada por el Senado boliviano pone también porcentajes y votos absolutos concretos en cada departamento. A partir de esta jugada de la derecha política, asumida y proyectada como nuevo desafío por el presidente Evo Morales, cambiarán los objetivos inmediatos de las elites. El proceso de la autonomía con fines golpistas y/o separatistas probablemente se desacelerará o al menos, perderá el centro de la escena, aunque se realicen los referendos previstos para junio en Beni, Pando y Tarija. Ahora los prefectos deberán ocuparse de refrendar sus espacios de poder. Para muchos de ellos, no será fácil. Incluido el ascendente Rubén Costas, de Santa Cruz: allí casi la mitad de los ciudadanos votaron NO y especialmente se abstuvieron de sufragar por los estatutos de las logias de poder. Difícilmente le confieran un voto de confianza dentro de 90 días. También cambian las hegemonías en las derechas. Ahora la derecha política que aprobó la ley de referendo vuelve al escena, a compartir espacio con la oposición más clasista, odiadora y defensora directa de sus intereses, encarnada en los millonarios del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Igualmente cambian las necesidades del oficialismo. El Movimiento al Socialismo deberá reactivar su aparato partidario para la campaña por el SÍ, deberá también articular mensaje y campaña con los movimientos sociales que encarnaron la resistencia a las autonomías para los privilegiados, como el último fin de semana en San Julián, Yapacaní, Montero, San Pedro y los barrios pobres de Santa Cruz de la Sierra. La reacción al proceso de cambio en Bolivia tiene ahora que cambiar de foco. Del gran angular, de la desestabilización por todos los costados -autonomías, intrigas militares, mentiras mediáticas, campañas internacionales, financiamiento vía ONG 'non sanctas', etc- deberá pasar al teleobjetivo del referendo revocatorio y su campaña por el “NO”. No le será tarea fácil, aunque hay críticas fundamentadas a algunos manejos tácticos del Gobierno, el vínculo de Evo Morales con las mayorías postergadas por siglos no se quebró en dos años de gestión. La pelea en Bolivia seguirá siendo -como la ha sido desde la campaña que llevó a Evo a la presidencia- una pelea de fondo. Lo que está en juego es mucho. Es todo el proceso de cambio: la nacionalización de los hidrocarburos, el reparto más equitativo de la riqueza, la Renta Dignidad para los ancianos, el bono Juancito Pinto para que los niños sigan estudiando, el protagonismo en la gestión de gobierno obtenido por comunidades indígenas. La batalla es la misma. “La lucha sigue y seguirá, es una lucha de 500 años atrás”, le gusta repetir al presidente boliviano. Lo que se viene en Bolivia dentro de 90 días es un desafío de fondo, es una batalla central. Aunque los paralelismos en política siempre son relativos, vale la pena recordar el resultado del referendo que confirmó en el gobierno al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en agosto de 2004. Con el triunfo del “NO” a la salida del presidente venezolano, se aceleraron los cambios y la oposición se sumió en una profunda crisis. Recién ahora, cuatro años después, comienzan a dar señales de vida, montados en los propios errores del proceso, que se intentan rectificar. El triunfo del “SI” a Evo en el próximo agosto, sin duda generará un efecto similar, será un momento de consolidación del proyecto de cambios profundos que el pueblo boliviano decidió transitar hace dos años. El triunfo del “SI” servirá para reforzar la confianza en la fuerza propia. El trabajo de aquí a agosto será duro, a fin de que sea, como en 2004, un agosto para afianzar los cambios en América Latina.
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