Afortunadamente el cambio climático ya es considerado a lo largo del espectro político (exceptuando algunos elementos anticientíficos de la extrema derecha) como uno de los problemas más apremiantes de nuestra época.
Sin embargo, en la búsqueda de respuestas a menudo se deja de lado la discusión de las causas estructurales de la crisis climática como parte de la crisis sistémica asociada de la ecología-mundo capitalista1.
Se nos enseña que la emisión antropogénica de gases de efecto invernadero (GEI) comenzó a aumentar significativamente a partir de la invención de la máquina a vapor y el “progreso” posterior. Sin embargo, el origen del efecto invernadero estuvo íntimamente relacionado a la expansión de imperios europeos, su efecto en la reconfiguración de sociedades y su capacidad de explotar pueblos y sus recursos. Así, Malcolm Ferdinand, en particular, ha resituado el origen de la crisis ecológica en la colonización y no así en la Revolución Industrial2.
En este sentido, el cambio climático no es un desafío técnico, sino una problemática emergente de relaciones sociales y geopolíticas que se configuraron a partir de la historia de colonización y despojo, y que amenazan con ampliar aún más las desigualdades. Consecuentemente, corremos el peligro de reproducir la desigualdad y las relaciones de dominación en nuestra acción de respuesta a esta amenaza.
El sexto y más reciente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)3 demuestra que los magros esfuerzos mundiales para reducir emisiones todavía son insuficientes para mitigar el cambio climático. La provisión de financiamiento tendría que incrementarse colosalmente, ya que se ha estimado que para el año 2030 se deberían llegar a invertir más de nueve millones de millones de dólares anualmente en la acción climática mundial. Además, la distribución de los recursos financieros debería basarse en responsabilidades comunes pero diferenciadas, tal como lo dice el Acuerdo de París, es decir, en proporción al impacto históricamente causado por cada país. E incluso más allá, bajo los principios de la Justicia Climática.
Sin embargo, dado que los países industrializados son los principales causantes del cambio climático y no están dispuestos a variar su estándar de vida y modo de producción, ahora buscan la manera de eludir sus obligaciones. Las viejas (y relativamente nuevas) potencias coloniales se encuentran en una frenética búsqueda de “soluciones” que permitan mantener las cosas como son (el llamado business as usual), sin cambios radicales al sistema capitalista. La opción más obvia para estos países al centro de la ecología-mundo es transferir las responsabilidades de mitigación a otros, particularmente a los países de la periferia. Es decir, las sociedades desarrolladas agotaron el espacio atmosférico y esperan que las sociedades del Sur Global carguen con la responsabilidad de salvar al planeta de un colapso climático.
Parece algo absurdo, pero este tipo de arreglos está contemplado en los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París. Por esta razón, gran parte de la expectativa sobre la COP29 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (a realizarse en Baku, Azerbaiyán), está centrada en los arreglos para operacionalizar dichos mecanismos, incluyendo el asegurar la transparencia de las reducciones de emisiones y verificación de los resultados de mitigación también llamados “créditos de carbono”, para certificar la alusiva “integridad ambiental”. Es decir, las reglas para el intercambio desigual de una mercancía que permitiría a los países ricos y a sus corporaciones transnacionales comprar, por ejemplo, el carbón almacenado en los bosques amazónicos, lo que les facilitaría proclamar que luchan contra el cambio climático sin necesidad de modificar sus modos de insostenibles de producción y consumo, la verdadera raíz de la crisis.
Para todo esto los órganos de “cooperación” están concentrando su propaganda y financiamiento en crear las condiciones necesarias para el comercio de estos “créditos”. En Bolivia numerosas ONGs vienen implementando proyectos de bosques y cambios climáticos bajo el enfoque de pago por servicios ecosistémicos, usando nombres atractivos para ocultar su naturaleza (e.g. financiamiento por resultados), ya que los mecanismos de mercado de este tipo son contrarios a la Constitución y el marco jurídico vigente. A su vez, actores territoriales están siendo “incentivados” o presionados para avanzar en mecanismos de “medición, reporte y verificación o (MRV)” de carbono en bosques, como precondición para transacciones con marcos diseñados para tal efecto como la llamada Coalición LEAF (Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance), que exige como prerrequisito este tipo de contabilidad sin esconder su naturaleza mercantilista.
La injusta transferencia de responsabilidades oculta los verdaderos balances de reducción de emisiones y afecta el derecho al desarrollo de los países en desarrollo, impactando particularmente a los pueblos indígenas que dependen de los bosques. Así, al asegurar un “pago” internacional temporal para “conservar” el carbono en los bosques se reduce su libre determinación y la gobernanza sobre sus territorios. Entender a los bosques solamente como unidades de carbono distorsiona las relaciones de los pueblos con sus territorios y la naturaleza que contienen, sus cosmovisiones y sistemas de vida de los que forman parte.
Por otro lado, Bolivia y el resto de América Latina tienen necesidades más apremiantes. El retroceso de glaciares, las intensas sequías registradas en los últimos años en la región Andina, las inundaciones en la Amazonía, así como otros eventos hidrometeorológicos directa o indirectamente relacionados al cambio climático tienen graves consecuencias sobre los sistemas agrícolas, los bosques y la disponibilidad de agua, amenazando el bienestar de millones de personas.
En este sentido, para que la acción climática mundial no reproduzca las relaciones de explotación del pasado, la principal bandera de lucha en las negociaciones de la próxima COP29 debería ser la demanda por una provisión de financiamiento suficiente para atender las necesidades de los países en desarrollo. En lugar de ensayar experimentos que ya han fracasado como los “mercados de carbono”, los países desarrollados deberían asegurar los recursos necesarios para la adaptación y para la construcción de resiliencia, y el pago de reparaciones relacionadas a las pérdidas y daños que ya sufren los países en desarrollo y que sufrirán en el futuro. Superar el colonialismo climático es indispensable para hacer realidad la justicia climática.
Referencias
1 Moore, J. (2014). “De objeto a oikeios: la construcción del ambiente en la ecología-mundo capitalista”, Revista Sociedad y Cultura, 2, 87-107.
2 Ferdinand, M. (2019). Une Écologie Décolonial ; penser l’écologie depuis le monde carïbéen, Éditions du Seuil, Francia.
3 Patt, A., L. Rajamani, P. Bhandari, A. Ivanova Boncheva, A. Caparrós, K. Djemouai, I. Kubota, J. Peel, A.P. Sari, D.F. Sprinz, J. Wettestad (2022). “Cooperación internacional”, en IPCC, 2022: Cambio Climático 2022: Mitigación del Cambio Climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos. (Traducido por Flacso Argentina, 2022).
Rafaela M. Molina Vargas. Boliviana, bióloga y doctorante en la Universidad Sorbona.
Iván Zambrana Flores. Boliviano, especialista en Ecología Política y Cambio Climático.
*Cortesía de la revista Correo del Alba – https://www.correodelalba.org
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