Juan Martorano
En artículos recientes he expresado que el 20 de agosto se presente como un punto de inflexión, que ha servido como detonante de los hechos de los últimos días, uno de ellos el magnicidio en grado de frustración denunciado por el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón.
El Presidente Nicolás Maduro en sus más recientes alocuciones públicas, ha venido refiriéndose al Programa de Recuperación Económica en nuestro país, además de mostrar el Plan de la Patria 2019-2025, como referencia, al igual que la Constitución, del Plan de Gobierno a desplegar en el sexenio antes señalado. Asimismo, y en varios artículos, señalé que luego de la lectura del documento, escribiría mis impresiones, las cuales estoy haciendo en este instante.
Como una primera consideración, hay que partir de las premisas que esboza nuestra Carta Magna. El artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su numeral 8, le establece la obligación al Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, a presentar durante el tercer trimestre del primer año del inicio de su período constitucional, las líneas generales de lo que será el plan de desarrollo económico y social de la Nación durante el sexenio de su gestión. Esto en cumplimiento, más que una obligación constitucional o legal, versa sobre el nuevo modelo de Democracia Participativa y Protagónica que sustente el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, donde se defienda como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Estos fines esenciales del nuevo Estado que estamos construyendo versan sobre la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en nuestra arquitectura jurídico- política a través de los procesos de la educación y el trabajo para alcanzar dichos fines.
Ha sido una gran conquista de nuestro Gobierno Revolucionario y del modelo político constitucional construido en el marco de un proceso popular constituyente (el cual actúa como desencadenante histórico de los actuales procesos político- sociales en Venezuela y en el mundo) la consagración del derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas a la participación libre en los asuntos públicos, de manera directa o por medio de sus representantes elegidos o elegidas y en la planificación de las políticas que conlleven a superar las formas de dominación múltiple propias del sistema capitalista. Esto, porque la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo, siendo obligación del Estado y el deber de la sociedad toda facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.
Pero, tomando en cuenta el actual contexto que nos ha tocado afrontar, y sobre todo luego de la desaparición física del Comandante Hugo Chávez, que jamás pueblo alguno le ha tocado afrontar diversas pruebas, la agresión y el acecho al que ha sido sometida la República Bolivariana de Venezuela, en estos últimos cinco años. Por una parte, la conjunción de los métodos históricos de agresión imperial, con nuevos ensayos y nuevas formas de guerra (lo que el ministro del poder popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López ha catalogado como amenazas multidimensionales y multiformes) a través de la violencia paramilitar, la guerra económica, agresión a la moneda, el uso psicológico de las plataformas tecnológicas y redes sociales digitales, así como el uso intensivo del andamiaje internacional como mecanismos de injerencia en asuntos de gobiernos de países que no se pliegan a los intereses hegemónicos de EEUU.
En estos momentos, la Revolución Bolivariana juega un rol de vanguardia en el actual proceso latinoamericano, y podríamos expresar, de la nueva oleada de gobiernos progresistas y revolucionarios que ya se avizora en el horizonte. En estos momentos, el imperialismo pretende truncar esta oleada histórica, es decir, estamos observando un nuevo intento de reconfiguración de la dominación imperial.
Para el imperialismo, la Revolución Bolivariana es un impedimento para el libre albedrío sobre las fuentes energéticas y de materias primas nacionales, así como el peso geopolítico a nivel internacional en diversos ordenes (Presidencia del Movimiento de Países No Alineados hasta el año 2019, miembro de la OPEP, integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre otros). Pero además de ello, la República Bolivariana de Venezuela representa un punto de quiebre para los pueblos del mundo, y es por ello que nos ven como una esperanza y una referencia.
De ahí, que la defensa de la soberanía nacional debe ser el gran logro en esta fase del Plan de la Patria, que adelanto, en esencia es el mismo que impulso el Comandante Chávez y entregó ante el Poder Electoral el 11 de junio de 2012, y posteriormente, el 11 de marzo de 2013 y en cumplimiento a la instrucción dada por Chávez aquel 8 de diciembre de 2012 a su hijo y heredero político, Nicolás Maduro. La revolución ha estado mostrando su esencia. El sistema capitalista basado en el rentismo petrolero ha colapsado en medio de la guerra que aqueja a nuestra patria. Han procurado la entropía máxima en los sistemas de distribución, logística y de precios. El andamiaje de la apropiación de la renta petrolera mediante la asignación de divisas, en este caso, la Revolución ha optado por privilegiar al pueblo ante todo.
Cabe destacar que el no abandono a la educación en medio de las grandes dificultades que hoy aquejan a nuestra Nación, las políticas de protección social a nuestros jubilados y pensionados, la Gran Misión Vivienda Venezuela, la innovación a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el establecimiento del mecanismo del Carnet de la Patria, el surgimiento de Somos Venezuela, la Agenda Concreta de Acción (ACA) a través del Plan de la Patria Comunal, son parte de los avances sociales logrados en este sexenio 2013-2019 y a profundizar y mejorar de 2019-2025. Asimismo, esto supondrá un desafío sobre los nuevos métodos de gestión, sustentados en la organización popular, para la transformación revolucionaria de la sociedad.
La lógica de distribución, logística, precios, materia prima y encadenamiento productivo nacional del sistema capitalista ha sido y es una de las tareas pendientes y una de las bajas en el actual conflicto que afronta Venezuela. El sistema capitalista en nuestro país es verdaderamente incapaz de atender los requerimientos de producción para las democratizadas necesidades sociales y de consumo de la población en tiempos de Revolución. No se trata de recomponer un sistema económico, a todas luces inviable, sino tomar lo que se deba de actores, de capacidades productivas, de ampliación y liberalización de fuerzas productivas que contribuya a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Habrá que ver la viabilidad para la concreción de tales fines en esta nueva fase.
Pero en estos momentos se nos impone una verdadera batalla cultural por una ética anticolonial como un elemento crucial para preservar nuestro concepto de soberanía. La agenda intervencionista, económica y militar también ha tenido un importante componente cultural, esto no puede ser obviado de ninguna manera.
Pensar en un Plan de la Patria a doce años implica una ruptura paradigmática. En estos momentos, las circunstancias nos imponen el enfrentamiento del tiempo histórico bicentenario; un salto como sociedad, y este plan es la carta de navegación construida por la Constitución pionera, que abrió la senda y la hoja de ruta sobre temas estructurales para la transformación de la sociedad. Los primeros 19 años de esta Revolución nos han otorgado una serie de condiciones sociales, políticas y materiales como bases para una nueva sociedad. Pero ahora ha llegado el momento de la ruptura, de salto cualitativo.
Por ello, con el horizonte temporal en las metas y direccionalidad histórica hacia el año 2030, que adicionalmente coinciden con los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y donde nuestro país es referente, nuestro horizonte apunta a que Venezuela debe ser un país potencia, de plena democracia en las 5 dimensiones de la sociedad que planteo el Comandante Chávez, como una sociedad auténticamente socialista como construcción de la felicidad de nuestro pueblo. Esa es la tarea y fue lo que el enemigo histórico trató de truncar el pasado sábado 4 de agosto de 2018.
De momento lo dejaremos hasta aquí, pero continuaremos desarrollando ideas y consideraciones de este Plan.
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