Ofensiva del gobierno calma los ánimos en Argentina

Marcos Salgado.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de Ley para mantener las retenciones variables sobre el negocio de exportación de alimentos en la Argentina y de esta forma busca salir fortalecida de un conflicto con la dirigencia del sector agropecuario, apoyada por medios tradicionales de comunicación y los sectores más ricos de la sociedad argentina. Cristina Fernández dio un giro trascendente en un conflicto que, por extendido, amenazaba con debilitar seriamente su gobierno: el pulso con los productores del campo, medianos, pequeños y grandes, quienes en un sólo frente llevan casi 100 días generando graves trastornos en el tránsito por las rutas, el sistema de exportación de alimentos y el abastecimiento del mercado interno. La letra fría de la crónica periodística dice que los productores agropecuarios se lanzaron a las rutas para impedir el tránsito de camiones y decidieron no mandar a los puertos su producción como protesta contra la política tributaria del gobierno, que dispuso un sistema de retenciones variable, en función del precio internacional de los granos, especialmente de la soya, en los mercados internacionales. El gobierno argumentó (y argumenta) que las retenciones móviles persiguen dos objetivos: garantizar el abastecimiento del mercado local a precios razonables (es decir, que no toda la producción termine fronteras afuera, con rentabilidad en dólares condicionando el precio interno) y garantizar para el Estado un ingreso que permita redistribuir riqueza entre los que menos tienen. Para los ganaderos y los productores de soya y otros cultivos (especialmente trigo), la medida del gobierno era (y sigue siendo) confiscatoria de sus ganancias. Por eso interrumpieron por decisión o por la fuerza el envío de granos y carne a los puertos, una situación que -con intermitencias- persiste desde marzo de este año. Hasta aquí, un resumen de un conflicto que, aunque negociable, terminó cobrando una fuerza inusitada por la operación simultánea de varios factores. Uno de ellos, conocido por demás en América Latina: la acción de los medios de comunicación masiva. Otro, que se abre paso tímidamente: el enfrentamiento más o menos contundente con el modelo capitalista de la década del 90 y, en particular, contra sus efectos. El campo, un negocio inmenso Los medios de comunicación en Argentina, concentrados y poderosos, se embanderaron al instante contra la medida oficial de las retenciones móviles. Tamaña reacción no es casual, los grandes grupos mediáticos tienen intereses amplios en el campo, y no porque les guste el aire de las afueras: en el campo argentino se desarrollaron las más rancias fortunas y por lo tanto efectivos grupos de presión, que todavía perduran. También, las amplias pampas argentinas son escenario de unos de los negocios más rentables de estos tiempos: la explosión del consumo de soya a nivel mundial, que produce un nuevo modelo en los campos del sur: el del arrendatario de grandes extensiones y del pequeño o mediano poseedor del tierras, que alquila su espacio a los grandes pulpos de la soy y se retira a las ciudades cercanas: una nueva clase media, de camionetas 4x4, coprotagonista del lock-out más violento de la historia nacional. Conviene aclararlo con todas las letras: los productores del campo no pierden con esta medida de retenciones móviles, por el contrario, siguen teniendo grandes márgenes de ganancia. Sólo un ejemplo, en la ultima siembra de soya, los productores tenían como expectativa ganar 240 dólares por tonelada, en estos tiempos de siembra, el valor trepó a 370 dólares, aun con retenciones. Por las medidas de protesta, esa producción aún no llegó a los puertos, una demora que puede acarrear otro negocio, porque el precio internacional de la “vedette” del campo argentino no para de subir. Golpe de timón “Si no les basta con esta Presidenta que hace 6 meses tuvo el 46 por ciento de los votos, por la redistribución del ingreso y para que los precios de los argentinos sigan siendo razonables, que sea el Parlamento donde sea tratada la medida”, dijo ayer Cristina Fernández, en un acto donde se recordó a víctimas de un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Juan Domingo Perón, en 1953, fogoneado por la oligarquía vernácula. El ámbito no fue casual, es que los Kirchner -la presidenta y su esposo, Néstor, anterior jefe de Estado, quien mantiene un papel central en el esquema de poder, como titular del Partido Justicialista- vienen remarcando que lo que aquí está en juego es mucho más que un porcentaje de retenciones a la rentabilidad del campo. Aseguran que en el fondo hay una pelea por devolver espacio a los sectores que hegemonizaron las políticas de Estado desde la dictadura militar de 1976 hasta el fin de siglo, representadas -entre otros- por el ex presidente Carlos Menem (1989-1999). Estos sectores tienen en el campo -en particular entre los grandes terratenientes de las zonas más ricas- uno de sus principales puntales. Así, no debe extrañar que los “cacerolazos” contra el gobierno que se escucharon en grandes ciudades en los últimos días sonaron en los barrios muy acomodados (un paralelo simple, la caraqueña Plaza Altamira). Estas protestas no tuvieron, ni por lejos, la magnitud de las que terminaron con el gobierno de Fernando De la Rúa, en 2002, pero amplificadas por los medios-empresarios del campo, alcanzaron para reinstalar fantasmas. Así, progresivamente, la protesta salvaje de los productores que no dejaron ni dejan de ganar, en 100 días se convirtió en una crisis más general, que amenazaba con socavar la popularidad de la presidenta. De ahí el golpe de timón, y la decisión de enviar al Congreso el debate sobre las retenciones móviles, tal como se anunció en las últimas horas. La decisión presidencial causó el efecto buscado en pocos minutos, los productores protesta aceptaron el nuevo escenario y comenzaron inmediatamente a presionar a sus diputados y senadores. La peor parte la llevarán aquellos que representan a las provincias agropecuarias: Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos, especialmente. Y es que deberán decidir si se alinean con el Gobierno Nacional y reafirman las retenciones o, por el contrario, ceden a las presiones de aquellos que están ganando mucho dinero, y quieren ganar mucho más. Las mayoría que el oficialismo tiene en ambas cámaras es ajustada, y mucho más cuando -se descuenta- algunos legisladores no irán contra los intereses de los poderosos de sus provincias y votarán en contra de retenciones, es decir, a favor de asegurar más ganancias. Será una compleja ingeniería política para el gobierno que, de cualquier forma, logró el efecto deseado: descomprimir la tensión creciente sin resignar la intensión -para muchos todavía tímida- de redistribuir riqueza en uno de los países más ricos, y por lo tanto más desiguales de América Latina.