Como secretario del Interior, Burgum supervisa la gestión de tierras públicas, recursos naturales y reservas minerales federales
Por Leopoldo Puchi
La intervención militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero abrió una nueva etapa de tensiones entre ambos países, que no giran únicamente en torno al petróleo, sino también a una de sus mayores riquezas: los recursos minerales.
En este contexto, no resulta casual que, pocas semanas después del ataque, una de las figuras más visibles en la nueva agenda hacia Venezuela haya sido Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos.
BURGUM
Como secretario del Interior, Burgum supervisa la gestión de tierras públicas, recursos naturales y reservas minerales federales. Desde esa posición ha impulsado una política de expansión extractiva vinculada a la seguridad energética y al abastecimiento de minerales estratégicos.
GRAN NORTEAMÉRICA
Esta dinámica extractivista no se limita a la política interna estadounidense. Se inscribe en una visión geopolítica que concibe el espacio comprendido entre Groenlandia y Ecuador como una zona integrada de seguridad, energía y recursos. En esa idea de una “Gran Norteamérica”, las fronteras económicas y estratégicas tienden a volverse más difusas cuando están en juego minerales críticos, cadenas de suministro y control energético.
EXTENSIÓN
En este marco, las zonas mineras venezolanas tienden a ser percibidas como espacios estratégicos vinculados a las necesidades de minerales y energía de Washington. El riesgo es que el país termine integrado a una lógica de administración extractiva subordinada a prioridades externas de seguridad y abastecimiento.
SEGURIDAD
Desde el viaje de Burgum a Venezuela, la narrativa dominante sobre las zonas mineras venezolanas ha comenzado a girar alrededor de la palabra “seguridad”. Medios internacionales han multiplicado reportajes sobre el Arco Minero, los grupos armados y el potencial estratégico de minerales como el oro y las tierras raras.
OPERACIONES MILITARES
En medio de esa creciente ola de informaciones han surgido anuncios de operaciones militares contra organizaciones delictivas en el sur del país y han comenzado a circular propuestas, como las del exembajador estadounidense James Story, que plantean la necesidad de un “Plan Venezuela” inspirado en el Plan Colombia.
DISCURSO
Aunque todavía no exista una formulación oficial ni provenga de voceros gubernamentales, el tema se ha instalado en medios y círculos políticos vinculados a Washington. Más allá del discurso sobre economías ilícitas y estabilización territorial, comienza a perfilarse una discusión más profunda sobre quién terminará controlando los territorios mineros venezolanos, el modelo de seguridad que se impondría y en función de qué intereses.
NECESIDAD REAL
Es cierto que el problema existe y que la sociedad venezolana enfrenta la necesidad de recuperar el control estatal sobre zonas mineras donde durante años se consolidaron redes armadas, economías ilícitas y estructuras criminales capaces de sustituir o corromper a las instituciones públicas. La demanda de orden y seguridad forma parte de una aspiración legítima de amplios sectores de la sociedad venezolana.
PLAN COLOMBIA
La idea de trasladar a Venezuela una versión del Plan Colombia se presenta hoy como una fórmula pragmática para estabilizar el país y garantizar la seguridad de las inversiones estadounidenses. Sin embargo, reconocer la necesidad de enfrentar el problema no implica asumir que cualquier modelo resulte adecuado para resolverlo.
MALA EXPERIENCIA
La experiencia colombiana difícilmente puede considerarse un modelo exitoso, porque dejó una estela de militarización, violaciones de derechos humanos, desplazamientos masivos, expansión de economías ilegales y consolidación de la dependencia geopolítica de Washington.
Este antecedente obliga a preguntarse si Venezuela corre el riesgo de convertir un problema de seguridad en la puerta de entrada a formas de tutela externa sobre sus recursos estratégicos y sus instituciones militares.
INTERESES
Venezuela se encuentra ante una encrucijada que va mucho más allá de la lucha contra grupos armados o economías ilícitas. Está en juego la estabilización de los territorios mineros y, al mismo tiempo, la soberanía nacional.
La cuestión de fondo no reside únicamente en recuperar el control territorial, sino en definir bajo qué lógica de poder será reorganizado el sur del país y a qué intereses terminará respondiendo ese nuevo orden.
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