Darío Morandy
El próximo 1° de mayo no será un Día del Trabajador cualquiera en la historia de Venezuela. Mientras en las altas esferas de Caracas y Washington se negocian cuotas de poder y licencias petroleras, los trabajadores enfrentan una batalla decisiva por la recuperación de la dignidad laboral. El país se debate hoy entre validar el tutelaje impuesto por EE.UU. que ofrece migajas de estabilidad, o articular un Consenso Político y Social que devuelva la legitimidad a las instituciones y el valor real al trabajo.
En el escenario político de 2026, el 1° de Mayo se erige como punto de inflexión para determinar si la sociedad venezolana acepta la arquitectura de un Gobierno Tutelado o si, por el contrario, mantiene viva la exigencia de una Soberanía Nacional como garantía de nuestra independencia y el control de nuestras instituciones y recursos naturales
No puede hablarse de recuperación económica mientras sigan vigentes los instrumentos del despojo. La columna vertebral de la crisis social no es solo la inflación, sino una política de Estado diseñada para pulverizar el salario. El Memorándum 2792 y el Instructivo ONAPRE no son errores de cálculo; son las herramientas de un modelo que decidió que la "estabilidad" se financiaría con el hambre del trabajador. Son instrumentos que hacen tanto daño al trabajador como las sanciones al país.
La derogación de estos instrumentos es un punto de partida innegociable. Sin eliminar el aplanamiento de las tablas salariales, cualquier anuncio de aumento será una ilusión óptica. La Soberanía Nacional empieza por el respeto a las convenciones colectivas y los derechos laborales consagrados en nuestras leyes. Sin un salario digno, el país seguirá sumergido en un deterioro social con el profesionalismo castigado y la antigüedad borrada por un decreto administrativo.
El Gobierno Encargado busca proyectar una imagen de "normalización" ante los mercados internacionales. Sin embargo, esta paz es artificial. Es la paz del tutelaje que entrega el control de nuestros recursos naturales a cambio de oxígeno financiero y político para una élite. Si los trabajadores y el movimiento sindical aceptan la bonificación del salario a cambio de una supuesta paz social, estarán validando un protectorado donde los recursos de todos se gestionan en oficinas extranjeras mientras el trabajador local pierde su poder adquisitivo.
La verdadera transición no es un cambio de nombres en el poder, sino el retorno al Artículo 91 de la Constitución Nacional. El control de nuestro petróleo, oro, gas y otros minerales estratégicos carece de sentido si el beneficio de esos recursos no se traduce en salarios dignos que permitan al venezolano dejar de ser un dependiente de bonos estatales para convertirse en un ciudadano con autonomía económica.
El 1° de Mayo definirá si el país acepta el "consuelo del esclavo" con un ajuste salarial discrecional bajo control político, o si se planta con firmeza para exigir la devolución de sus derechos conculcados. La profundización de la crisis social es inevitable si no se rompe el nudo gordiano del Instructivo ONAPRE y el Memorándum 2792.
Venezuela no necesita más tutelas ni más cohabitaciones de espaldas a la gente; necesita un nuevo Consenso Político y Social que devuelva la soberanía al voto y la dignidad al trabajo. Este 1° de Mayo, los trabajadores tienen la palabra. Permitimos que se consolide el control financiero con tutelaje político, o abrimos el camino definitivo hacia la recuperación institucional y humana de la República.
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