*JUAN MARTORANO
A 19 días de la
próxima audiencia en el juicio Maduro-Flores y en vísperas de la Semana Mayor,
nos hemos topado con un nuevo giro en esta situación que por su importancia nos
parece importante formular comentarios y reflexiones en la presente edición de
nuestra columna.
El juez Alvin
Hellerstein acaba de dar un giro inesperado al caso contra Nicolás Maduro,
abriendo una grieta en la estrategia más dura de Washington en política
exterior. En una decisión que deja a la administración Trump en una posición
delicada, un juez federal cuestiona la base legal para mantener acciones
penales contra un jefe de Estado en ejercicio.
¿Puede realmente
Estados Unidos procesar criminalmente a líderes extranjeros por hechos
ocurridos fuera de su territorio? Este movimiento judicial pone en el centro
del debate principios clave del derecho internacional como la inmunidad
soberana, la jurisdicción extraterritorial y los límites del poder judicial
estadounidense frente a gobiernos extranjeros.
En el próximo
análisis que pretendemos realizar a fondo, desglosaremos:
El choque legal:
Por qué la figura de la inmunidad presidencial podría frenar los procesos
contra Maduro.
• Jurisdicción sin
fronteras: Hasta qué punto Washington puede extender su sistema judicial más
allá de sus límites.
• La contradicción
internacional: Perseguir mandatarios extranjeros mientras se ignoran tribunales
como la Corte Penal Internacional.
• El efecto
dominó: ¿Podrían potencias como China o Irán usar el mismo razonamiento
jurídico contra funcionarios de EE. UU.?
• 3 posibles
desenlaces: Desde un retroceso judicial completo hasta un endurecimiento
político del conflicto.
Este no es un
debate ideológico; es una disputa sobre el alcance real del poder
estadounidense en un escenario internacional cada vez más multipolar.
Las recientes
acciones realizadas por el Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores
no representan un episodio más dentro del sistema jurídico estadounidense.
Estamos ante una determinación que trasciende por completo la coyuntura legal
inmediata.
Estamos
presenciando algo mucho más profundo en la arquitectura misma del poder de
Estados Unidos y su capacidad para imponer su voluntad sobre dirigentes
extranjeros.
Porque lo que
tenemos aquí es la convergencia de tres ejes absolutamente críticos:
1.- Un magistrado federal
cuestionando la legalidad de mantener orden de detención contra un mandatario
en ejercicio.
2.- Una
administración presidencial que ha apostado su credibilidad política a la
remoción de Maduro mediante presión legal y económica.
3.- Precedentes de
Derecho Internacional que están siendo invocados de maneras que Washington
jamás hubiera anticipado.
Por ello la pregunta no es
simplemente señalar ¿Qué ocurrió exactamente en ese tribunal? Sino ¿Hasta donde
puede extenderse el Poder Judicial estadounidense antes de que sus propias
contradicciones legales colapsen completamente la estrategia de cambio de
régimen que ha fracasado durante más de una década?.
Fijémonos en el
momento en que en la Corte federal de Manhattan cuando el juez Hellerstein leyó
su orden, solicitando fundamentación legal adicional para mantener la orden de
arresto contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ahí ocurrió algo muy sutil, pero
profundamente inquietante para Washington. No porque un juez haya acordado y
cuestionado al Departamento de Justicia, y eso ocurre ocasionalmente, sino
porque se cruzó una línea que la mayoría de los observadores internacionales ni
siquiera pensaron que sería cruzada, y cuyas consecuencias ya empiezan a estar
en movimiento reconfigurando las fronteras entre la autoridad extraterritorial estadounidense y las
limitaciones del Derecho Internacional.Entre la política exterior, la legalidad
doméstica, entre el deseo de Washington y lo que realmente puede hacer.
Y es momento se ha convertido en la
escena inicial de una historia mucho más amplia sobre el poder, sobre sus
límites y sobre la normalización, ahora siendo cuestionada de acusaciones
criminales contra líderes extranjeros.
Porque esta
decisión judicial trata sobre algo muchísimo más fundamental y es la cuestión de
si Estados Unidos puede legalmente mantener ordenes de detención contra
Presidentes o Jefes de Estado o de Gobierno en ejercicio de Naciones soberanas
por supuestos crímenes que ocurrieron completamente en territorio extranjero.
En marzo de 2020,
casualmente a dos meses de ejecutar la Operación “Gedeón” y durante la primera
administración de Donald Trump, el Departamento de Justicia de EEUU emitió
cargos criminales formales en contra de Nicolás Maduro, Presidente en ejercicio
de la República Bolivariana de Venezuela, reconocido por más de 150 países,
acusándolo de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados
Unidos y conspiración para fabricar y distribuir armas.
Por esta acusación
se ofreció recompensa de 15 millones de dólares en aquel momento por la
información que llevará a su captura, arresto o condena. Para el momento de su
ilegal extracción del territorio venezolano, esa recompensa se ubicaba en 50
millones de dólares.
Pero lo que hizo
este momento verdaderamente extraordinario fue que un magistrado federal
estadounidense, operando dentro del mismo sistema que emitió esas acusaciones,
ahora está cuestionando la base legal para mantenerlas vigentes.
Y estos no son
cuestionamientos superficiales o de forma como lo expresaríamos los abogados y
abogadas en cualquier parte del mundo. Son
interrogantes legales fundamentales sobre jurisdicción extraterritorial, sobre
inmunidad de Jefes de Estado, sobre si el sistema judicial estadounidense puede
o debe ser utilizado como arma de política exterior.
Estas solicitudes judiciales
no son meramente procesales. Son señales de advertencia, un reflejo de la
propia institucionalidad estadounidense que incluso dentro de su propio sistema
legal existen límites, principios y normas de Derecho Internacional que no
pueden ser ignoradas olímpica e indefinidamente sin consecuencias.
Pero casi
inmediatamente esa señal chocó con una realidad política mucho más dura. La
administración Trump ha dejado muy claro que la “remoción” de Maduro del poder
sigue siendo prioridad absoluta de política exterior hemisférica. Funcionarios
de alto nivel han reafirmado y esto debería alarmar a cualquiera que esté
familiarizado con Derecho Internacional, cuando sostienen que Estados Unidos
tiene derecho, incluso obligación, de procesar a líderes extranjeros que
supuestamente representan amenaza a su seguridad nacional, independientemente
de su status como Jefes de Estado en ejercicio.
Una declaración que
no solo desafía el Derecho Internacional consuetudinario sino que lo estira
hasta el punto de ruptura completo, reformulando la soberanía nacional como
concepto “obsoleto” y la inmunidad diplomática como “inconveniencia”.
Y según múltiples
fuentes diplomáticas y cuasi legales, lo que está haciendo el juez Hellerstein
es abrir una caja de Pandora legal que podría desmantelar completamente la
estrategia de máxima presión contra Venezuela. Para ello, debemos explicar el
contexto legal completo sobre el cual sustentamos esta afirmación.
Estados Unidos
acusó al Presidente Nicolás Maduro no como ciudadano privado venezolano ni como
político de oposición sin poder, lo acusó específicamente como Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de sus funciones y de una
Nación soberana por unas supuestas actividades que ocurrieron completamente
fuera del territorio de Estados Unidos y dentro del territorio venezolano. Esto
representaría una expansión dramática de jurisdicción extraterritorial
estadounidense.
El fundamento legal
que Estados Unidos citó viene de varias doctrinas: la primera, la doctrina de
efectos territoriales, argumentando que tiene jurisdicción sobre crímenes que
ocurren en territorio extranjero si tienen efectos sustanciales en territorio
estadounidense. La segunda, invocó la doctrina de jurisdicción universal, pero
aquí es en donde está el problema, porque la jurisdicción universal es generalmente reconocida para
genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y piratería, lo que
no aplica en el caso Maduro-Flores; extender jurisdicción universal a
narcoterrorismo es controvertido porque no está universalmente reconocido por
Tratados Internacionales vinculantes. La tercera, y este es el argumento más débil,
al señalar que Nicolás Maduro no goza de las inmunidades de Jefe de Estado,
debido a que Estados Unidos no lo reconoce como “Presidente Legítimo de
Venezuela”, aplicando el reconocimiento que se hizo durante la primera
administración de Donald Trump como Presidente Interino al entonces Presidente
de la Asamblea Nacional en ese entonces en desacato, Juan Guaidó. Pero este
argumento es extremadamente problemático, a la luz del Derecho Internacional
puesto que cada nación podría decidir unilateralmente quien es el líder legítimo
de otros países y entonces negar inmunidad basándose en esa determinación
unilateral.
El caso más
relevado de este tipo de situaciones que estamos comentando fue ventilado en la
Corte Internacional de Justicia, y este caso fue comentado por el periodista
Max Blumenthal en entrevista del 6 de enero de 2026 y que se encuentra en el
canal de Youtube del ex juez John Napolitano, que es el caso Arrest Warren, del año 2002, entre
la República Democrática del Congo y el Reino de Bélgica.
Bélgica emitió una
orden de arresto en ese año contra el ministro de Relaciones Exteriores del
Congo, por supuestos crímenes de guerra. La Corte Internacional de Justicia
dictaminó en aquella oportunidad, de manera categórica e incontrovertible que
Bélgica violó Derecho Internacional. Y la Corte Internacional de Justicia
estableció que los funcionarios de alto nivel, especialmente Jefes de Estado y
ministros de relaciones exteriores gozan de inmunidad absoluta de jurisdicción
penal extranjera mientras estén en el ejercicio de sus funciones, aun si estos
hubiesen cometido delitos graves. De ello nos estaremos refiriendo en la
próxima edición de esta columna con mucho más detalle.
Y este precedente
es directo, vinculante y aplicable al actual caso del Presidente Constitucional
de la República Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado y de Gobierno y
prisionero de guerra, Nicolás Maduro Moros, Primer Mandatario legítimo y en
ejercicio y reconocido diplomáticamente como hemos señalado, por más de 150
países del sistema de Naciones Unidas, incluyendo Rusia, China, Irán, Turquía,
Cuba y Nicaragua.
Nicolás Maduro goza
técnicamente de inmunidad de procesamiento en cortes estadounidenses a la luz
del Derecho Internacional consuetudinario que lo ampara. Y es aquí donde la
solicitud del magistrado Alvin Hellerstein se vuelve absolutamente explosiva.
Porque lo que el
juez está esencialmente pidiendo es que, el Departamento de Justicia justifique
en términos legales la orden de detención del Jefe de Estado venezolano no
viola principios fundamentales del Derecho Internacional sobre inmunidad
soberana.
Y esta es una
pregunta que el Departamento de Justicia genuinamente no puede responder
satisfactoriamente sin admitir que está operando fuera de los límites del
Derecho Internacional o sin crear precedentes peligrosísimos que podrían ser perfectamente
usados contra funcionarios estadounidenses.
Les mostraremos a
continuación porque esto puede tornarse verdaderamente peligroso. Para Estados
Unidos desde perspectivas de
reciprocidad internacional. Si Estados Unidos establece el precedente de que
puede acusar y arrestar a Jefes de Estado extranjeros por crímenes que
supuestamente ocurrieron en sus propios países, entonces otros países podrían hacer
exactamente lo mismo con funcionarios estadounidenses.
La República
Popular China, por ejemplo, podría emitir ordenes de arresto contra presidentes
de Estados Unidos por supuestas violaciones de Derechos Humanos. La República
Islámica de Irán podría acusar a funcionarios estadounidenses por el asesinato
del General Soleimani o el Jefe Supremo Ayatolá Seyed Alí Jamenei. Rusia podría
acusar a líderes de la OTAN por agresión en diversos conflictos que han propiciado
en su contra. Y en esto Estados Unidos ha sido verdaderamente inflexible
rechazando jurisdicción de tribunales internacionales sobre ciudadanos
estadounidenses.
Estados Unidos no es
parte del Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional,
específicamente porque no acepta que este tribunal internacional tenga
jurisdicción sobre funcionarios estadounidenses. El Congreso estadounidense
aprobó la Ley de Invasión de La Haya en 2002 que autoriza al Presidente usar
fuerza militar para liberar a cualquier estadounidense detenido por la CPI.
Es por ello que
Estados Unidos rechaza la jurisdicción de esta instancia sobre sus propios
ciudadanos y funcionarios mientras que reclama jurisdicción doméstica sobre
funcionarios extranjeros.
Esta hipocresía no
pasó desapercibida para el magistrado Hellerstein, que ahora está cuestionando
la orden contra Maduro.
Harold Cook, ex
asesor legal del Departamento de Estado en la administración Obama, publicó
varios análisis argumentando que incluso si Estados Unidos tuviese argumentos
técnicos pata jurisdicción bajo estatutos domésticos y ejercer esa jurisdicción
contra Jefes de Estado extranjeros y en ejercicio, violando normas del Derecho
Internacional Consuetudinario sobre inmunidad soberana. Cook señala de que
Estados Unidos históricamente defendió inmunidad soberana de Jefes de Estado
vigorosamente cuando protegía funcionarios estadounidenses de procesamiento
extranjero.
Cuando España intentó
procesar a funcionarios de la administración Bush, por autorizar torturas en Guantánamo.
Estados Unidos presionó agresivamente a España para descartar el caso,
argumentando inmunidad de funcionarios estadounidenses. El doble estándar es
evidente y brutal. Y ahora un magistrado federal estadounidense está haciendo
visible esta contradicción.
Ahora las implicaciones
geopolíticas sin duda serán inmediatas. Las acusaciones contra Maduro se
constituyen en piedra angular de la estrategia de máxima presión de Estados
Unidos utilizada para justificar sanciones (o agresiones más bien) económicas
devastadoras, para aislar diplomáticamente a Venezuela, para deslegitimar
internacionalmente a Maduro colocándolo como criminal buscado en lugar de
Presidente reconocido por más de 150 países (El 77,32% de las naciones que
conforman la ONU) nada más y nada menos.
Si un magistrado
federal estadounidense logra determinar que la orden de detención viola
principios legales fundamentales y debe ser retirada o modificada sustancialmente
las acusaciones que se le atribuyen, cambia sustancialmente la estrategia, la
cual colapsa.
Maduro obtendría
una victoria legal incontrovertible y masiva que podría usar para reclamar
reivindicaciones, indemnizaciones internacionales. De ahí que los países que
han mantenido distancia de Venezuela por las acusaciones criminales a Maduro,
podrían reconsiderar sus posiciones.
Las sanciones
perderían basamento y esto enviaría señales a otros países sancionados por
Estados Unidos, desde Irán hasta la República Democrática Popular de Corea
(Corea del Norte) de que las herramientas legales estadounidenses tienen
límites, que pueden ser desafiadas incluso dentro del propio sistema de
justicia de ese país.
Venezuela está
capitalizando políticamente esto, aunque de buenas a primeras no se note. Fuentes
diplomáticas venezolanas han confirmado que el Presidente Maduro está
preparando presentaciones ante organismos internacionales argumentando que la
acusación estadounidense viola el Derecho Internacional y debe ser condenada
formalmente.
Rusia y China,
aliados estratégicos de Venezuela, ya han declarado públicamente que consideran
la acusación contra el Presidente Nicolás Maduro como interferencia ilegal en
los asuntos internos y de jurisdicción soberana. Si un magistrado federal
estadounidense efectivamente cuestiona la legalidad de la acusación en contra
de un Jefe de Estado extranjero dentro del territorio de Estados Unidos, Rusia
y China utilizarán esto como evidencia de que incluso el sistema legal
estadounidense reconoce que Washington operó fuera de límites legales.
Después de las
acusaciones de 2020, en el marco de la estrategia de máxima presión para hacer
colapsar al Gobierno venezolano, sin embargo, Maduro logro sobrevivir, Guaidó
perdió credibilidad y se fue desmoronando hasta convertirse en la nada. Aunque las
sanciones causaron sufrimiento masivo a la población, no lograron el cambio de
régimen que se proponían.
Y ahora con Trump
de regreso en la Casa Blanca, esta administración enfrenta decisión crítica. Continuar
con esta estrategia fallida de presión máxima o buscar enfoques diferentes, a
solicitud de este magistrado federal complica masivamente esa decisión porque
si la base legal de las acusaciones ha revolucionado toda la arquitectura de presión
y se debilita.
Las opciones de la
administración Trump se tornan limitadas y problemáticas. El Departamento de
Justicia puede proporcionar justificación legal que satisfaga al juez pero esto
requeriría argumentar en señalamientos que violarían de manera flagrante el
Derecho Internacional.
O puede admitir que
la base legal es débil y retirar las acusaciones, lo cual se constituiría en
una derrota política masiva. O intentar evadir el escrutinio judicial mediante maniobras
procedimentales, lo cual sería una admisión implícita de que las acusaciones
contra Maduro y Flores no son legales o jurídicas sino políticas.
Stephen Walt, del
Harvard Kenneth School, argumenta que este momento representa contradicciones inherentes
del excepcionalismo estadounidense expuestas.
Estados Unidos ha
construido un sistema internacional basado nominalmente en reglas, pero se
reserva el derecho de ignorar esas reglas cuando le conviene. Esa hipocresía
funcionó durante décadas de hegemonía estadounidense indisputada, pero en era
multipolar con disputa con potencias emergentes desafiando la dominación
estadounidense, estas contradicciones se vuelven insostenibles.
China y Rusia están
construyendo un orden internacional alternativo, basado precisamente en
rechazar el excepcionalismo estadounidense.
De ahí que en el
momento en que un magistrado federal estadounidense se cuestione una orden de
detención contra un Jefe de Estado en ejercicio y del extranjero. Inadvertidamente
fortalece la narrativa china y rusa de que el sistema estadounidense es
hipócrita.
Las implicaciones
para otros países latinoamericanos son particularmente significativas. México,
Brasil, Argentina, Colombia, todos han observado la campaña estadounidense
contra Venezuela con mezcla de preocupación y cálculo estratégico.
Las acusaciones
contra Maduro evoca recuerdos de eventos históricos de intervenciones
imperiales. Y cuando Hellerstein cuestiona la legalidad de esas acusaciones,
ofrece un consuelo y esperanza a líderes latinoamericanos y mundiales de que
incluso dentro del sistema estadounidense hay límites institucionales.
México bajo la
presidenta Claudia Sheinbaum, ha mantenido consistentemente que las acusaciones
contra Maduro viola soberanía venezolana. Brasil bajo el mandato de Lula, ha
rechazado reconocer las acusaciones como legítimas.
Si Alvin
Hellerstein ivalida o debilita las acusaciones contra Maduro y Flores, México y
Brasil podrían señalar que su posición de principios fue correcta.
¿Qué significa este
momento para la arquitectura mas amplia del poder estadounidense? Porque lo que
estamos presenciando no es simplemente una disputa legal sobre un caso específico.
Es síntoma de una crisis más profunda de la legitimidad del sistema político y
judicial estadounidense en era multipolar post hegemonía unipolar y post guerra
fría.
Estados Unidos
antes podía imponer su voluntad mediante la combinación de poder militar,
económico y poder blando de atracción cultural.
Parte de ese poder
blando venía de la percepción de que Estados Unidos operaba bajo un Estado de
Derecho, pero esa percepción se ha erosionado dramáticamente. La invasión de
Irak basada en la afirmación de acusaciones falsas de armas de destrucción
masiva, las torturas en Guantánamo, la vigilancia masiva revelada por Edward
Snowden, sanciones unilaterales, retiro de tratados internacionales, cada una
de estas acciones debilitó la credibilidad de las afirmaciones estadounidenses
de operar bajo Estado de Derecho Internacional.
Las acusaciones
contra Maduro, es otra instancia de esa erosión. Y cuando un magistrado
estadounidense cuestiona su legalidad, ratifica esta contradicción y favorece nuestra
lucha y del reconocimiento de que líneas rojas han sido cruzadas, que han
ocurrido excesos, y que el poder ejercido sin suficiente base legal genera una
crisis de legitimidad en Estados Unidos.
Esa erosión de las
bases de legitimidad del sistema estadounidense puede acelerar su colapso. Su poder
económico relativo declina frente a China
mientras su hegemonía cultural es cuestionada, Washington está recorriendo
constantemente a coerción, sanciones, amenazas, acusaciones criminales
extraterritoriales, pero son herramientas menos efectivas cuando no están
respaldadas por una legitimidad percibida.
La propia
institucionalidad estadounidense está cuestionando la efectividad de estos
mecanismos de presión y si estas tienen base legal sólida. Y esa señal está resonando internacionalmente
dándole municiones a adversarios, sembrando dudas entre aliados, alentando a países
del sus global a desafiar imposiciones estadounidenses.
Nos disculpan lo
largo, pero acá demostramos el por qué tanto Maduro y Cilia han convertido la
cárcel y su juicio que aunque amañado, en un espacio de resistencia y lucha. Y
lo están haciendo muy bien.
Ellos como nuestros
héroes están haciendo su parte. Hagamos nosotros la nuestra pues.
¡Bolívar y Chávez Viven y sus luchas y la Patria que
nos legaron siguen!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
¡Leales siempre: Traidores Nunca!
* Abogado, Defensor de Derechos Humanos,
Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiteros y Tuiteras
Socialistas. , jmartoranoster@gmail.com, j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar , cuenta
tuiter e instagram: @juanmartorano, cuenta facebook: Juan Martorano Castillo.
Canal de Telegram: El Canal de Martorano
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario