Kelly J. Pottella G.
En el tablero de ajedrez de la alta política, la ideología suele ser la primera víctima de la necesidad. Estamos presenciando una fase de recalibración sistémica que trasciende las fronteras de un solo país para ilustrar un fenómeno global: el giro pragmático de Estados que, tras periodos de expansión y control centralizado, deben mutar para no perecer. Esta metamorfosis no es un acto de contrición ideológica, sino una maniobra de supervivencia de Realpolitik. El desafío radica en cómo un sistema que ha cimentado su legitimidad en la retórica de la soberanía absoluta y el control social maneja la contradicción de abrirse a los mercados globales y a las estructuras financieras multilaterales sin desintegrarse internamente.
Una de las lecciones más contundentes que la historia administrativa ofrece es que la eficiencia es el único garante real de la estabilidad a largo plazo. La gestión de los activos estratégicos de una nación no puede subordinarse perpetuamente a la lealtad política sin generar rendimientos decrecientes. Cuando los criterios de mérito y competencia técnica son sustituidos por la fidelidad a una causa, se produce una erosión inevitable en la cadena de valor de los servicios públicos y la producción de bienes. La quiebra operativa de las empresas estatales no es, por tanto, una fatalidad del modelo de propiedad, sino una consecuencia lógica de la asimetría entre la capacidad de gestión y el poder de decisión, forzando al Estado a un retroceso táctico en forma de privatizaciones o devoluciones de propiedad.
La reinserción en los circuitos financieros globales sea a través de organismos como el FMI o de una diplomacia transaccional con potencias antagónicas es un ejercicio de realismo necesario pero lleno de riesgos. Para el estratega de Estado, el peligro no reside en la acción en sí, sino en la "disonancia cognitiva" que se genera en la base social de apoyo. Un sistema que ha cultivado una narrativa de autarquía y resistencia enfrenta un vacío de sentido cuando sus acciones económicas se alinean con las políticas que antes combatía. Si el discurso oficial no evoluciona al mismo ritmo que las acciones pragmáticas, la base social no se siente traicionada, sino simplemente desconectada, lo cual es, a largo plazo, más desmovilizador.
La estabilidad de cualquier sistema político depende de su capacidad de mantener una movilización territorial activa y cohesionada. Sin embargo, estamos observando un fenómeno de "agotamiento del activismo", donde las estructuras tradicionales de organización comunal pierden su tracción. Esto ocurre cuando estas estructuras se vuelven demasiado burocráticas o cuando la base poblacional prioriza la supervivencia económica sobre la militancia ideológica. El riesgo para el poder establecido es que este vacío sea llenado por la apatía o por alternativas no controladas. La estrategia lógica, por tanto, dicta que la organización debe transitar de lo puramente político-electoral a lo económico-productivo, redefiniendo la funcionalidad del territorio en torno a la utilidad material.
Existe una tesis recurrente entre los consultores políticos: la necesidad de moderarse para atraer al adversario o calmar a los mercados. Sin embargo, el análisis estratégico sugiere que esta es una falacia. Las concesiones liberales o los giros a la derecha rara vez captan el voto o la lealtad de un adversario que se define por una identidad opuesta. El verdadero costo operativo de esta estrategia se paga internamente. El "voto duro", que sostiene el sistema en los momentos más críticos, puede desmoralizarse si percibe que se han entregado los principios que definían su identidad política. En última instancia, el éxito de la transición no depende de los acuerdos con el capital externo, sino de la capacidad de regenerar una gestión técnica eficiente que recupere la gobernabilidad y de construir una nueva narrativa que justifique la apertura como un acto de madurez estratégica.




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