Algunas claves sobre la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática

  

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El jueves de la semana pasada se aprobó, por unanimidad, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, paso inicial y gigante en la ruta de la reconciliación nacional, que de inmediato comenzó a dar frutos, algo no muy común en nuestros instrumentos jurídicos, pues estos suelen tardar en ponerse en real vigencia y en algunos casos nunca lo hacen del todo.

Según el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión encargada de hacerle seguimiento a la aplicación de la ley, para el viernes 27 de febrero se habían recibido 8 mil 110 solicitudes y ya habían sido favorecidas 4 mil 757 personas, entre ellas 223 que estaban en centros penales y 4 mil 534 que tenían medidas sustitutivas de la privación de libertad.

Para comprender la magnitud de esta normativa y analizar todo lo que podría significar para la Venezuela post 3 de enero, es necesario analizar en medio de cuáles circunstancias se plantea y cómo es aprobada; revisar quiénes están a favor y quiénes en contra; ponderar qué tiempo tomarán las heridas para cicatrizar y considerar el riesgo de reincidencia en los hechos ahora perdonados.

El contexto político

Recordemos que el proyecto lo planteó originalmente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el 30 de enero, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, durante su discurso en el acto de inicio del año judicial 2026.

Si bien es cierto que desde el año pasado se venían registrando excarcelaciones de personas privadas de libertad por delitos cometidos en la pugna por el poder político, está claro que la ley es una muestra mucho más contundente de la voluntad política del gobierno por avanzar hacia la reconciliación nacional.

Aprobada en veinte días por una Asamblea Nacional que se instaló menos de 48 horas después del 3 de enero, la Ley de Amnistía aglutina apoyo para la institucionalidad venezolana, principalmente para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y deja en una posición muy desventajosa a los promotores de la violencia.

Sus resultados casi instantáneos desactivan los intentos de los adversarios radicales por sembrar la desconfianza y ponen en un dilema existencial a quienes han asumido el rol de dirigentes “exiliados”, pues para optar a los beneficios de la ley deberán ponerse a derecho. Con las modificaciones al artículo 7 planteadas por la bancada opositora y aceptadas por la amplia mayoría gubernamental, esas personas podrán gestionar la amnistía a través de sus abogados, lo que evitará que sean detenidas al llegar al país, pero, sea de la manera que sea, implica reconocer a las autoridades nacionales.

La dinámica legislativa aplicada para sancionar la ley no es un detalle menor. La fracción opositora tiene apenas 29 escaños, pero fue tratada como si estuviera en pie igualdad con el sector oficial, que ocupa más de 250 curules. Es una especie de hipertrofia compensadora que pretende subsanar, aunque sea parcialmente, el desequilibrio en la correlación de fuerzas, consecuencia de la desastrosa estrategia de boicotear las elecciones parlamentarias de mayo de 2025, ejecutada por un liderazgo opositor obsesionado por los atajos inconstitucionales.

Otro aspecto que ha quedado claro en el proceso de aprobación y puesta en marcha de la esta legislación es que atiende a la necesidad directa de muchas familias de clase media y pobre, cuyos miembros se vieron envueltos en las olas de violencia patrocinadas por la oposición radical y luego quedaron abandonados a su suerte por la dirigencia. Está sucediendo en este caso algo parecido a lo que ha ocurrido con esos connacionales que se marcharon del país motivados por una intensa campaña opositora y luego, tras ser víctimas de la xenofobia y las políticas antiinmigrantes, han podido retornar gracias a los buenos oficios del gobierno del que supuestamente huyeron.

Contexto geopolítico

La agresión del 3-E y los vertiginosos acontecimientos posteriores marcan la pauta de una nueva configuración política, ante la cual, para sorpresa de muchos, el chavismo ha logrado adaptarse y reinventarse, con el concurso de la oposición moderada, mientras el ala pirómana —que tanto pidió y aplaudió la invasión militar— sigue estupefacta, reincidiendo en sus desfasadas estrategias y tácticas.

Prueba de lo anterior es que el gran caudal político que sostiene al chavismo ha logrado responder con enfoques coherentes y unitarios a un ataque que, en cualquier otro país o circunstancia, habría provocado el caos y la desbandada. El liderazgo emergente de la presidenta encargada, junto a los otros integrantes del alto mando político, ha trabajado para que la militancia asimile el nuevo panorama y dé el voto de confianza a iniciativas difíciles de digerir, como esta Ley de Amnistía, la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y eventos significativos, como las visitas de altos funcionarios estadounidenses.

Para el chavismo de base no es sencillo respaldar una ley que dispensa hechos de los que militantes y simpatizantes han sido víctimas directas. En contra de tal disposición a pasar la página está una historia ya larga de perdones traicionados.

Luego de la aprobación de la normativa, se realizó en Miraflores, el lunes 23 de febrero, una reunión en la que quedó plasmada esta realidad de una jefa de Estado y un grupo de víctimas que, como en el épico enfrentamiento entre Florentino y el Diablo, “beben arena en la noche más oscura”.

La presidenta encargada puso el acento en el odio de clase como factor detonante de la crisis de violencia política y señala que el episodio del 3 de enero es la expresión más reciente y dura de ese odio. Explicó que, como primera medida en el cargo que le tocó asumir en medio de la situación sobrevenida el tercer día del 2026, pensó en sanar el odio porque es ese sentimiento el que nos trajo hasta estos pantanos.

La amenaza fáctica contra la soberanía nacional, que quedó en evidencia con los hechos del 3-E, obligan a la aceptación forzosa de imposiciones externas. Quien no lo haya entendido aún, ya va siendo hora de que lo haga.

A favor y en contra

Este es un punto sustantivo del análisis porque la unanimidad parlamentaria no indica que todos los sectores políticos del país estén de acuerdo con la ley. Tristemente, hay facciones opositoras tratando de sabotear, de sembrar la duda y la desconfianza. No es sorprendente porque son los grupos y líderes cuyos proyectos políticos no tienen viabilidad en un país en paz. Sin embargo, genera esperanza que algunos de los dirigentes que antes estuvieron en el bando de la violencia, ahora hayan estado a favor de esta ley.

Como se señaló antes, quienes han asumido el rol de dirigentes “en el exilio” viven una profunda contradicción, un dilema existencial, pues para optar a los beneficios de la ley tienen que reconocer a las autoridades nacionales. Así como no es posible condenar en ausencia a alguien, tampoco es posible perdonarlo en ausencia. De allí que los imputados o condenados por delitos políticos y conexos que se encuentran en el exterior deben solicitar ante los jueces los beneficios establecidos en la ley recién aprobada. Se entiende que esto vale igual para los que se marcharon antes de ser detenidos, los que huyeron de la prisión o del arresto domiciliario y podría incluso extenderse a quienes, estando fuera del país, han solicitado medidas coercitivas unilaterales y agresiones militares, por lo que estarían incursos en delitos de traición a la Patria todavía no imputados formalmente.

¿Sanarán las heridas?

Ya estamos en el día después de la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Nacional. En pocos días o semanas deberíamos estar también en el tiempo en que todos aquellos que no hayan cometido delitos tipificados entre las excepciones por la misma normativa, ya estén en libertad. Pero eso no necesariamente significa que las heridas estarán cerradas.

En todos los procesos de amnistía o pacificación, luego sobreviene un período difícil en el que los favorecidos expresan resentimientos y rencores por las experiencias vividas, sobre todo si, en su fuero interno, siguen considerando que la detención fue injusta (lo haya sido o no).

En el lado opuesto, otro gran esfuerzo tendrán que realizarlo las víctimas y sus familiares de los delitos perdonados. En la trascendental reunión de Miraflores antes referida, se escucharon los testimonios de dos madres. En primer lugar, Inés Esparragoza, progenitora de Orlando Figuera, el joven apuñalado y quemado vivo por opositores, en Altamira, en aquellos funestos días de las guarimbas de 2017, manifestaciones que, según las ONG y los medios internacionales, eran pacíficas. También estuvo en el palacio presidencial la mamá de un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, el capitán Ramzor Bravo Bracho, ultimado en 2014 en Naguanagua (Carabobo) cuando intentaba despejar la vía que había sido bloqueada con escombros y basura. Se trata de Zoraida Bracho, quien lleva ya casi doce años luchando porque se haga justicia en este caso.

Ambas representaron allí a los militantes chavistas y los funcionarios de cuerpos de seguridad que han sufrido la violencia, sin que sus muertos y lesionados aparezcan siquiera en los reclamos de las ONG de derechos humanos. O peor: que aparezcan como si fueran víctimas de la represión gubernamental.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, escuchó estos dramáticos testimonios, se identificó con las madres, desde su condición de hija de un dirigente político asesinado en tiempos de la IV República y ahondó en las causas sociales del fenómeno de la violencia.

Rodríguez expresó que en este trance ha tenido que demostrar máxima tolerancia, no solamente con respecto a hechos de un pasado ya remoto, como el asesinato a golpes de su padre, Jorge Rodríguez, en 1976, sino también sobre acontecimientos muy actuales, como el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, en un bombardeo que dejó un centenar de muertos, cuantiosos daños materiales y enormes traumas psicológicos a la población en general.

La ley no permite delitos futuros

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática borra, jurídicamente hablando, los hechos punibles (presuntos o comprobados) de un intenso período de nuestra historia, el que va desde 1999 hasta los más recientes. Pero no hace que dejen de existir esos delitos en las leyes vigentes. Vale decir, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos que, de ahora en adelante, incurran en actos de violencia similares, deberán ser procesados y eventualmente castigados en el ámbito de la justicia penal.

Esto es fundamental, porque la ley tiene dos componentes: el perdón por los hechos ya ocurridos; y el compromiso de no repetición de ellos, de parte y parte, claro está.

Rodríguez, en el encuentro con las víctimas, fue muy clara al respecto. Dijo que el amplio perdón que permite la ley no autoriza a nadie a violar el ordenamiento jurídico ni el espíritu de convivencia democrática. Aseguró que está informada de planes al respecto y que, de ser necesario, los revelará próximamente.

La jefa encargada del Estado alertó sobre sectores que le están dando una lectura errada a lo ocurrido la madrugada del tercer día de 2026. Se empeñan en presentarse como los ganadores de ese episodio. “El 3 de enero perdimos todas y todos, no hubo ganadores en Venezuela”, aseveró la presidenta encargada, una frase que merece mucha reflexión y debate, especialmente de los extremos del espectro político. Ojalá se produzca esa reflexión y ese debate.

(Clodovaldo Hernández / Laiguana.tv)