Después de dos años de gobierno, Daniel Noboa ha renunciado a la estrategia de acumulación política (proponer un proyecto de país) y ahora se concentra en la estrategia de destrucción de opositores.
Después de dos años de gobierno, Daniel Noboa ha renunciado a la estrategia de acumulación política (proponer un proyecto de país) y ahora se concentra en la estrategia de destrucción de opositores, evitando el surgimiento de cualquier proyecto político emergente. El noboísmo no existe, pero la estrategia ‘anti-adversario’, por ahora, le funciona para gobernar.
La deriva autoritaria de Noboa
Noboa apela a hacer desaparecer a la oposición desconociendo principios democráticos mínimos, como la participación electoral, prensa independiente, el respeto a la autonomía de los territorios y la separación de poderes. La deriva autoritaria del Gobierno se evidencia en los siguientes rasgos:
- Prensa acorralada o comprada
- Los grandes medios se mantienen cerca del oficialismo gracias a millones de dólares en pauta oficial.
- El diario El Universo, el rotativo más grande del país, fue vendido en febrero de 2026 a un inversionista radicado en Florida (EE. UU), y la línea editorial está comenzando a cambiar de manera favorable al Gobierno. Asimismo, varios portales digitales pequeños han sido adquiridos por actores cercanos al círculo presidencial (Radio La Calle, La Posta, Radio Centro), y comenzado a acompañar acríticamente las medidas gubernamentales.
- Los medios que no se alinean con la comunicación oficial enfrentan procesos de persecución e intervención. La Superintendencia de Compañías intervino el diario Expreso como siguiente fase de una presión iniciada en 2025 a través del Servicio de Rentas Internas (SRI).
- Periodistas como Alondra Santiago o Andersson Boscán han tenido que salir del país por persecución de la Justicia.
- Persecución política y debilitamiento de gobiernos locales
- Los alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca enfrentan procesos penales o de control que, por el timing, pueden leerse como intentos de bloquear su reelección o proyección política.
- La Revolución Ciudadana está sometida a un proceso de ataque constante que tiene como objetivo final hacerle perder su personería jurídica.
- Una reforma (inconstitucional) al régimen de descentralización recorta más de USD 1.000 millones en transferencias a gobiernos locales (más del 30% de lo que hoy reciben). Esto pretende licuar la deuda del Gobierno central con prefecturas, municipios y juntas parroquiales y, al mismo tiempo, debilitar servicios sociales locales (educación, salud, inclusión) que compiten en legitimidad con los del Gobierno nacional.
- La intervención gubernamental a Segura EP, empresa de seguridad del Municipio de Guayaquil, que administra las cámaras de vigilancia y que permitió denunciar casos de inseguridad emblemáticos, como la desaparición de los niños de Las Malvinas.
- Captura del sistema de justicia
- Antes de que se destituyera al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por sus vínculos con el narcotráfico, el Gobierno inhabilitó a la vocal que debía reemplazarlo y, en su lugar, nombró Damián Larco, un funcionario de Noboa sin trayectoria en el sistema de Justicia. Solo después de asegurada esta designación, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN, de Noboa) permitió que avanzara el juicio político contra Godoy. Esta práctica ya fue utilizada en 2025 por el actual presidente de la Nación para destituir a su vicepresidenta, Verónica Abad.
- Organismos de control en funciones prorrogadas y concursos a la medida
- La Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE) siguen en funciones prorrogadas (no lanzan nuevos concursos) porque el Gobierno no ha logrado consolidar una transición que le garantice dominar esas instancias.
- El CNE atraviesa una grave crisis de legitimidad: cerca del 65% de la población cree que responde a intereses particulares y alrededor del 75% demanda su renovación (Click Report, febrero de 2026).
- Para el nuevo concurso de fiscal general se eliminó el requisito de que los postulantes no hayan defendido a narcotraficantes, lo que sugiere un diseño del proceso a la medida del candidato del Gobierno.
- Remoción de los integrantes del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social en 2025 con el propósito de influir en el concurso de fiscal general y otros órganos de control.
La deriva económica de Noboa
Para febrero de 2026, la imagen positiva de Daniel Noboa se ubicaba en torno al 38–40% tras dos años de gobierno marcados por escándalos de corrupción, crisis energética, sanitaria y de seguridad, así como por un deterioro institucional y la manipulación de reglas democráticas. Parte de la explicación de esta imagen relativamente alta se explica por el peso del anticorreísmo -no necesariamente noboísta-, que se ha mantenido en alrededor del 25% en los últimos años y opera como colchón estructural de su apoyo. Si se descuenta ese núcleo duro anticorreísta, Noboa preserva de forma autónoma cerca de un 15% de respaldo.
Otra explicación de peso complementaria es que existe un novedoso dinamismo económico. En términos históricos, la economía ecuatoriana dependió de la inversión pública, pero hoy ese motor está prácticamente apagado. Paradójicamente, el PIB crece, la construcción de vivienda se expande pese a salarios estancados y a un mercado secundario deprimido; proliferan vehículos de alta gama y espacios de consumo de lujo; las reservas internacionales alcanzan máximos históricos (más de USD 11.000 millones) y las ventas registradas ante el SRI muestran crecimientos superiores al 8–10% anual.
Sin embargo, detrás de esa aparecente ‘bonanza macroeconómica’ en materia de crecimiento hay un nuevo motor de reemplazo a la inversión pública, y es el lavado de activos asociado a la economía criminal: más del 80% de la droga que llega a Europa pasa por los puertos ecuatorianos.
Así, los circuitos monetarios de una economía sumergida, alimentada por recursos ilícitos, sostienen una frágil estabilidad macroeconómica que, de manera indirecta, también mantiene a flote a parte de los negocios populares, sin que estos participen necesariamente de la economía ilegal. En los estratos altos, esta economía ilícita se articula con el modelo agroexportador: el narco lava recursos junto a las élites empresariales e introduce armamento a través de empresas de fachada vinculadas a la seguridad.
El dinero del narcotráfico y otras economías criminales inundan el torrente económico y actúan como un multiplicador que atenúa el abandono de los servicios públicos y una aguda crisis social. Todo esto contribuye, parcialmente, a la legitimidad política del Gobierno.
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