La última frontera energética: Venezuela y el nuevo orden geopolítico del petróleo

 Por Kelly J. Pottella Guevara

En el complejo escenario de la seguridad energética global, la República Bolivariana de Venezuela ha trascendido el modelo convencional de Estado-nación para convertirse en un Activo Estratégico Global. Tras los acontecimientos cruciales de enero de 2026, la administración de Donald Trump ha consolidado una doctrina de "Dominio Energético", en la que la política interna venezolana funciona como subsidiaria de la seguridad nacional estadounidense. Este cambio de paradigma marca el nacimiento de un protectorado fiduciario, donde la soberanía nacional se ha transformado en una estructura de "Soberanía Delegada", diseñada para reintegrar los inventarios energéticos al mercado occidental y desplazar definitivamente la influencia del bloque BRICS+.

La arquitectura de este nuevo orden se basa en un pragmatismo transaccional que reemplaza el conflicto político con un balance general auditado. El actual gobierno interino, liderado por Delcy Rodríguez, opera bajo un marco de transición y estabilización donde el flujo de caja se registra en una cuenta supervisada en Catar. Este mecanismo garantiza que los fondos derivados de la exportación de petróleo crudo, tierras raras y minerales críticos se asignen, bajo la auditoría mensual y la autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), a la reconstrucción de infraestructura y la ayuda humanitaria, garantizando así la transparencia fiduciaria esencial para una reinversión masiva.

Desde una perspectiva operativa y de mercado, el sector energético venezolano ha iniciado una agresiva apertura comercial, crucial en un panorama global donde la Agencia Internacional de Energía informa que el 80% de los yacimientos petrolíferos mundiales están agotados o en declive. El sistema ha evolucionado más allá de los permisos individuales hacia una licencia general destinada a facilitar una inversión masiva estimada en 100 000 millones de dólares. Para finales de 2025, la producción alcanzó los 1 200 000 bpd, con objetivos establecidos para alcanzar los 2 000 000 bpd mediante la validación de 29 Contratos de Participación en la Producción y alianzas con gigantes de la industria como Chevron, Shell, Repsol y capital de Catar y China.

Este proceso de consolidación se sustenta en un "escudo legal" diseñado para eliminar las responsabilidades reputacionales y atraer los 50 000 millones de dólares necesarios para el desarrollo de nuevas instalaciones. Ante una demanda global proyectada de 123 millones de barriles diarios para 2050, según la OPEP, Venezuela emerge como la garantía física para la paz energética regional. La nación se integra al sistema occidental como la salvaguardia fundamental del hemisferio, donde el éxito se mide por la eficiencia operativa de sus recursos y la solidez de sus activos, protegidos por la mayor potencia militar del mundo.

Más allá de las cifras y los equilibrios estratégicos, este nuevo horizonte ofrece una promesa de estabilidad para el pueblo venezolano. La reapertura del espacio aéreo comercial, la drástica reducción de la inseguridad bajo un firme control y la transformación de antiguos centros de detención como El Helicoide en espacios para la cultura, el deporte y el comercio marcan el fin de una era de aislamiento. Con el compromiso con una ley de amnistía general y un nuevo sistema de justicia, Venezuela comienza a sanar sus heridas, vislumbrando un futuro donde la riqueza de su tierra finalmente se traduzca en prosperidad tangible, permitiendo a la nación ondear sus banderas una vez más con la esperanza de una paz duradera y una verdadera integración al desarrollo del siglo XXI.

Sin embargo, el sistema alberga importantes contradicciones internas que ponen en peligro su viabilidad a largo plazo. Si bien el modelo promete "soberanía técnica", la administración permanece estrictamente subordinada al Tesoro estadounidense, que debe aprobar incluso los gastos mensuales más básicos. Además, mientras la administración Trump celebra la operación militar como un éxito rotundo, el Senado estadounidense ha cuestionado formalmente la falta de transparencia legal y el origen de estos fondos, señalando que los principales beneficiarios corporativos también son importantes financiadores de la actual administración estadounidense. Finalmente, aunque se describe al país como abierto a "los países del mundo", el objetivo estratégico sigue siendo la exclusión y el desplazamiento explícitos de los anteriores socios del BRICS+.