Los acontecimientos recientes confirman una mutación profunda en la forma en que hoy se ejerce el poder en el sistema internacional. Ya no se trata únicamente de derrotar a un adversario en el terreno militar o de imponer sanciones económicas para asfixiarlo materialmente. Lo que está en curso es un proceso más complejo y silencioso: la reconfiguración de las percepciones, de los marcos mentales y del sentido común que organizan la vida política, social y cultural de las sociedades.
Venezuela se ha convertido en un caso emblemático de esta nueva fase de la confrontación global. No por casualidad, sino por su posición estratégica, su peso energético, su historia política reciente y su capacidad de resistencia frente a presiones externas sostenidas. Lo ocurrido a partir del 3 de enero debe leerse en ese marco ampliado: no como un episodio aislado ni como una simple escalada táctica, sino como un mensaje dirigido al conjunto del Sur Global.
El mundo atraviesa simultáneamente varias crisis que se entrecruzan. Una crisis civilizatoria, marcada por los límites ecológicos del planeta y por la incapacidad del modelo de desarrollo dominante para garantizar bienestar sostenible. Una crisis del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial y consolidado durante la Guerra Fría, cuyas instituciones han perdido eficacia, legitimidad y capacidad reguladora. Y una crisis de la hegemonía unipolar estadounidense, que ya no logra sostener su liderazgo por consenso y recurre cada vez más a mecanismos de presión, coerción y control.
En ese contexto, la confrontación se desplaza. El campo de batalla ya no es exclusivamente territorial ni militar. Es, cada vez más, cultural, simbólico y cognitivo. Se disputa la interpretación de la realidad, la construcción del relato, la legitimidad de los actores y la orientación de las emociones colectivas. Se busca instalar matrices de sentido que naturalicen determinadas lecturas de los hechos y desactiven otras.
Las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo económico y financiero, y las operaciones de presión diplomática forman parte de una misma arquitectura de poder. No apuntan solo a generar daño material, sino a producir efectos psicológicos, sociales y políticos de largo alcance: desaliento, fragmentación, desconfianza, pérdida de horizonte. De allí que hablar hoy de “derrota” resulte insuficiente. El objetivo es más ambicioso: reprogramar.
Esta lógica se expresa también en el modo en que se intenta intervenir sobre las identidades políticas. El Chavismo, entendido no solo como una fuerza electoral sino como un fenómeno social, cultural e histórico de larga duración, ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Su carácter orgánico y su plasticidad política le han permitido atravesar crisis severas sin disolverse, preservando un núcleo identitario y una comunidad emocional que sigue siendo decisiva en la vida nacional.
Esa condición explica por qué la confrontación se orienta ahora a disputar el sentido mismo de esa identidad, a erosionar sus símbolos, a resignificar sus logros y a instalar la idea de que cualquier estabilización futura sería resultado de una tutela externa. La batalla no es solo por el control de recursos estratégicos, sino por la interpretación de quién gobierna, por qué gobierna y en nombre de quién.
Al mismo tiempo, emerge un pragmatismo social profundo. Más allá de identidades políticas, amplios sectores de la población colocan en el centro sus necesidades concretas: estabilidad, ingresos, servicios, bienestar. Ese pragmatismo no implica renuncia a la soberanía ni aceptación pasiva de presiones externas, sino una demanda de gobernabilidad eficaz en un entorno internacional cada vez más incierto.
De allí la centralidad de la política en esta etapa. Gobernar bajo presión exige no solo capacidad administrativa y económica, sino también conducción simbólica y cultural. Requiere relatos que integren, que expliquen, que convoquen. Requiere reconstruir la confianza colectiva y fortalecer la cohesión social frente a intentos de fragmentación inducida.
En el plano internacional, el llamado mundo multipolar no debe entenderse como una realidad plenamente constituida, sino como un proceso en desarrollo, atravesado por tensiones, asimetrías y contradicciones. Las economías emergentes articulan intereses, pero no conforman todavía un bloque homogéneo capaz de disputar hegemonía en todos los planos. En ese escenario, Venezuela navega entre oportunidades y riesgos, obligada a ejercer una diplomacia estratégica y una política interna orientada a la estabilidad.
Que se entienda bien, sin proclamas ni simplificaciones, lo que está en juego no es únicamente un conflicto entre Estados, sino la forma misma en que se organiza el poder en el siglo XXI. Comprender esa mutación es condición indispensable para no quedar atrapados en categorías del pasado. La confrontación ya no busca derrotar de manera frontal; busca reprogramar mentalidades, expectativas y sentidos. Frente a ello, la respuesta pasa por más política, más comprensión histórica y más capacidad de interpretar las tendencias profundas del tiempo que vivimos.
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