A dos meses de gobierno, Rodrigo Paz impulsó medidas económicas de corte neoliberal que derivaron en fuertes movilizaciones sociales. La presión popular logró la abrogación del decreto 5503, marcando un límite político a ese rumbo en Bolivia.
El pasado 8 de enero, Rodrigo Paz cumplió dos meses como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Puede parecer poco tiempo, pero la situación actual merece una mirada profunda de los acontecimientos que están moldeando la nueva situación política del país.
Primeras señales
Los primeros pasos de Rodrigo Paz estuvieron marcados por la conformación de su Gabinete, un marcado distanciamiento con su vicepresidente, Edman Lara, además de medidas económicas que pretenden un retorno a lógicas neoliberales.
El perfil de los miembros del Gabinete está signado por vínculos con el sector empresarial, organismos internacionales y con sectores políticos de gobiernos anteriores a los del MAS. Se redujo la cantidad de ministerios de 17 a 14 y solamente hay tres mujeres en cargos ministeriales. Algunos de los ministros con mayor importancia -como los de las carteras de Presidencia y Economía y Finanzas- fueron parte del equipo de Samuel Doria Medina, quien en las pasadas elecciones presidenciales no alcanzó a superar la primera vuelta. Es de destacar que los sectores populares que votaron por Paz en la segunda vuelta y lo hicieron presidente -sobre todo con votos del Occidente del país- no tienen representación en el actual Gobierno boliviano. Es decir, Paz decidió gobernar con aquellos sectores que no votaron por él, sino que votaron por Jorge ‘Tuto’ Quiroga o Samuel Doria Medina, y dejar de lado a esa parte de los sectores populares que lo apoyó en las urnas.
El distanciamiento precoz del presidente con el vicepresidente Edman Lara tuvo sus primeras señales al final de la campaña electoral, se intensificó en los primeros días de la nueva gestión y ha llegado a un punto que parece sin retorno. La confrontación es permanente y se hace pública en redes sociales y medios de comunicación. Se desarrolla a tal grado que Lara no participa en las reuniones del Gabinete, ha denunciado inclusive que desconoce las decisiones centrales del Órgano Ejecutivo y que pretenden recortarle atribuciones constitucionales y aislarlo también de sus funciones como presidente nato de la Asamblea Legislativa. En los últimos días de diciembre se aprobó el decreto 5515, que establece que en caso de viajes del presidente al exterior, utilizará medios tecnológicos para para ejercer sus funciones, limitando el ejercicio de las atribuciones del vicepresidente. Una parte importante del Gabinete ministerial identifica al vicepresidente como la principal oposición política al Gobierno de Paz.
La retórica del Gobierno y su comunicación están centradas en describir al país como saqueado, destruido y en ruinas como herencia del MAS, intentando colocar permanentemente en una misma bolsa los gobiernos de Evo Morales y el de Luis Arce, a pesar de la clara confrontación entre ambos. Se hace un importante esfuerzo de estigmatización de las organizaciones sociales llamándoles ‘mafias’, acusando a dirigentes de hechos de corrupción graves, en muchos casos sin mostrar ninguna prueba. Paz señaló como sus principales directrices: el fin del ‘Estado tranca’ (entorpecedor), la distribución de recursos entre el Estado central y las regiones y municipios en una proporción de 50%-50%, Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, además de enfrentar la crisis económica con el esfuerzo de todo el pueblo boliviano.
La detención del expresidente Luis Arce, acusado de hechos de corrupción vinculados al manejo de recursos del Fondo Indígena provenientes de la exportación de hidrocarburos, también marcó el escenario político. Autoridades jurisdiccionales del ámbito penal determinaron la detención preventiva de Arce por cinco meses. Además, exautoridades como el ministro de Obras públicas, el gerente de EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), exfuncionarios de YPFB (yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), también han sido detenidos por delitos de corrupción.
Restauración del neoliberalismo por decreto y primera victoria de sectores populares
En un intento por lograr los primeros golpes de efecto, durante el acto de posesión de Paz se transmitían imágenes del ingreso de cisternas cargadas de combustible al país, y horas después el presidente en persona fue a inspeccionar el flujo de combustibles hacia las gasolineras. Sin embargo, luego de unos días de alivio en las colas de las gasolineras -imágenes que caracterizaron la última fase del Gobierno de Arce-, éstas volvieron a aparecer, especialmente para la carga de diésel.
En una parte importante de la sociedad se fue generando el ‘consenso’ de que era necesario tomar una decisión en torno a las subvenciones del Estado a los combustibles, por ser insostenibles. Si bien no había acuerdo en cuanto a la forma de su implementación, si de golpe o de manera gradual, o si debían aumentarse tanto la gasolina como el diésel, era una decisión que el Gobierno debía tomar más temprano que tarde. Fue así como, después de algunas señales contradictorias en relación al proceso de aprobación del Presupuesto general del estado 2026 y otros anuncios irrelevantes, el 17 de diciembre Paz junto a su Gabinete anunciaron la aprobación del decreto 5503.
Este decreto de 121 artículos, más allá de establecer nuevos precios a los combustibles con incrementos del 86% para la gasolina especial, 163% para el diésel, 129% para la gasolina premium, dispone de muchas otras medidas de restauración del modelo neoliberal. Por ejemplo, genera un régimen especial de inversiones, direccionado para los sectores estratégicos como minería, hidrocarburos e infraestructura enfocado a la reprivatización.
Se trata de una reprivatización amplificada, con contratos por 15 años que, de forma inconstitucional, se aprobarían por decreto (en vez de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional) y, además, aplicando una vía corta inédita que le otorga al inversor el beneficio del silencio administrativo; es decir que, si luego de 30 días de presentado un proyecto de inversión a una ventanilla única de la Cancillería no existiese pronunciamiento de la autoridad competente, el proyecto queda aprobado automáticamente. Este decreto, asimismo, contiene disposiciones legales en el ámbito tributario, eléctrico y laboral. Sin embargo, no señala una ruta para resolver el otro gran problema de la economía boliviana en este momento, que es la falta de dólares, y le hace pagar el costo de la crisis a los sectores más pobres beneficiando sólo a los sectores empresariales nacionales y extranjeros.
La población boliviana tiene todavía el recuerdo del saqueo que producen este tipo de medidas económicas. Es por esto que los sectores populares no tardaron en darse cuenta de la gravedad de las medidas y activaron movilizaciones nacionales que comenzaron el 22 de diciembre, entre las que se produjeron marchas, bloqueos de carreteras que alcanzaron casi 70 puntos en todo el país (mayoritariamente en el Departamento de La Paz) y huelgas de hambre. La Central Obrera Boliviana (COB), encabezada por una nueva dirigencia electa en octubre de 2025, convocó a paro nacional indefinido para exigir la abrogación total del decreto. A dicha convocatoria se sumaron sectores no afiliados a este ente sindical, fundamentalmente el sector campesino, indígena, intercultural y sectores urbanos de la ciudad de El Alto. Durante el proceso de movilización, la COB decidió en Ampliado nacional de emergencia exigir la abrogación del decreto, pero mantener las medidas de levantamiento a la subvención y los bonos sociales compensatorios establecidos en el mismo.
Luego de varios intentos frustrados de convocatoria del Gobierno para establecer un diálogo con los actores movilizados, el 11 de enero se firmó un acuerdo entre la COB, el sector campesino y el Ejecutivo, que comprometió la abrogación del decreto 5503 y la redacción consensuada de un nuevo decreto que respete las exigencias de los manifestantes y el levantamiento de las medidas de presión.
Se trata de una importante victoria de la movilización social, dando así una señal inequívoca hacia delante de que no será fácil la restauración neoliberal en Bolivia.
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