Durante años, la guerra llegó a Venezuela sin botas. Llegó en forma de “listas”, “riesgo”, “cumplimiento” y “sanciones”: palabras que suenan a “castigo legal”, pero que en la práctica funcionaron como coerción política y económica con impactos humanitarios. Fue una guerra de decretos y algoritmo: un bloqueo que se presenta como “procedimiento” y un daño social tratado como simple “efecto secundario”.
Llegó cuando se declaró a un país entero como “amenaza inusual y extraordinaria”, no porque pudiera derrotar al mayor aparato militar del planeta, sino porque su proyecto político resultaba intolerable para una visión hegemónica del continente. Ese rótulo abrió una puerta peligrosa: convertir a Venezuela en objetivo permanente y relativizar su soberanía, como si fuera un obstáculo y no un principio.
En ese primer tiempo, la guerra no buscó conquistar Caracas con tanques; buscó conquistar la vida diaria, impidiendo: créditos, repuestos, pagos, alimentos, medicinas, importaciones. La asfixia financiera se vendió como “política exterior”, pero operó como táctica de guerra. Y cuando el embargo total bloqueó activos y transacciones, el castigo se volvió colectivo. La “máxima presión” cayó sobre un país entero.
Ese patrón revela una intención que ya no se puede disimular: cuando se estrangulan ingresos, se persiguen activos y se criminalizan transacciones, el objetivo real no es “corregir conductas”. El objetivo es abrir paso a un tutelaje externo. Es la lógica colonial actualizada: debilitar al Estado, quebrar su decisión soberana y, en el momento oportuno, apropiarse de los recursos que pertenece a nuestra Nación.
Por eso el 3 de enero no fue un relámpago aislado, sino el momento en que la guerra se puso el uniforme. Lo que ya se ejecutaba por vías económicas y jurídicas, como guerra no convencional, se ejecutó ahora por vía armada.
El secuestro del Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de la Primera Dama Cilia Flores, así como su traslado a una corte federal estadounidense, instalaron una pregunta más grave que cualquier acusación: ¿qué derecho rige cuando un Estado usa la fuerza armada en el territorio de otro y secuestra a su jefe de Estado junto a su Primera Dama?
El Presidente Nicolás Maduro y la Primera Combatiente Cilia Flores aparecen, en este contexto, como víctimas de una operación que pretende convertir un interés geopolítico en expediente penal. El mensaje es inequívoco: no se busca justicia, sino coerción; no se busca verdad, sino control. La figura del “enemigo criminal” funciona como disfraz para el hecho central: la disputa por un territorio soberano y por recursos estratégicos, con el petróleo como símbolo mayor, bajo una narrativa que revive la tutela y el despojo.
Si la coerción económica masiva produce efectos equivalentes a una guerra, la agresión del 3 de enero da un paso más: cruza el umbral de la fuerza armada. Y al cruzarlo, entra en escena el Derecho Internacional Humanitario (DIH): normas creadas para limitar la violencia, proteger a las personas y fijar obligaciones a la potencia que captura y detiene.
Declararse “prisionero de guerra” no es poesía ni propaganda. Es intentar activar un conjunto de garantías y límites: trato humano, prohibición de tortura y humillación, derecho a comunicación, garantías judiciales mínimas y supervisión humanitaria. Es obligar a nombrar el conflicto por su verdadera naturaleza y no por la etiqueta conveniente. El DIH no legitima el abuso: lo restringe y lo expone.
Pero lo más importante es lo que esta declaración revela hacia adentro. Venezuela enfrenta una batalla por conservar su soberanía y su integridad territorial. No se trata solo de dos personas privadas de libertad; se trata del intento de someter a un Estado soberano, de forzar una reconfiguración política bajo intervención y de redibujar decisiones nacionales según intereses ajenos. Cuando se normaliza la captura de un jefe de estado electo y su esposa como trofeo, la amenaza se extiende a toda la región.
Ante ese escenario, la respuesta no puede quedarse en la indignación. Debe ser estrategia: documentar, denunciar y activar rutas multilaterales; exigir garantías humanitarias; construir expediente de responsabilidad internacional; y sostener, con derecho y con pueblo, que Venezuela no es botín. La soberanía se ejerce. Y la integridad territorial se defiende con la verdad, con la ley y con la unidad nacional. ¡Venceremos!
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