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¿Cuáles son los impactos económicos y sociales?
El gobierno de Daniel Noboa firmó un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, el 31 de mayo de 2024. Con este acuerdo económico, el número 23 entre Ecuador y el FMI, el país recibirá 4.000 millones de dólares. Sin embargo, economistas y organizaciones sociales cuestionan este nuevo préstamo y advierten los posibles impactos de las medidas y condiciones impuestas por el FMI. Entre estas se encuentran la eliminación de los subsidios a los combustibles, el trabajo por horas, una nueva reforma tributaria, entre otros condicionamientos.
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La relación de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, FMI, comenzó a principios de los años sesenta, durante la crisis bananera. En esa época, Ecuador firmó nueve convenios hasta 1972, cuando comenzaron las exportaciones de petróleo desde la Amazonía. El FMI volvió a tener una presencia significativa en el país en 1982, durante la crisis de la deuda externa bajo el gobierno de Osvaldo Hurtado. En ese periodo, se establecieron nueve convenios adicionales hasta 2007, cuando Ecuador experimentó un nuevo boom petrolero, según detalló el economista Alberto Acosta en su cuenta de X.
En 2007, el gobierno de Rafael Correa puso fin a la deuda con el FMI y suspendió la realización de nuevos acuerdos, reemplazándolos por endeudamiento con China. La relación de Ecuador con el FMI se retomó a finales de 2020, durante la pandemia de la Covid-19, cuando el gobierno de Lenín Moreno firmó dos convenios más con la institución. Para 2021, Guillermo Lasso acordó otro convenio que culminó en diciembre de 2022. El gobierno de Daniel Noboa siguió el camino de los dos gobiernos anteriores y, el 31 de mayo de 2024, firmó un nuevo acuerdo de préstamo por 4.000 millones de dólares con el FMI.
Según el Acuerdo de crédito entre Ecuador y el FMI 2024, la decisión se tomó debido a que “la incertidumbre política, una crisis de seguridad y las perturbaciones exógenas de los ingresos petroleros y los tipos de interés provocaron un fuerte deterioro macroeconómico y fiscal”. Sin embargo, este acuerdo no fue revisado ni discutido por la Asamblea Nacional, a pesar de que la Constitución ecuatoriana en el artículo 479 establece que la “ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional”. Por ello, la asambleísta de la Bancada de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, el 15 de mayo de 2024 presentó una moción para exigir al Gobierno Nacional dar cumplimiento a la Ley y la Constitución, referente a la ratificación de los tratados internacionales. Este proyecto fue aprobado con 82 votos afirmativos, en su mayoría del Movimiento Revolución Ciudadana. Sin embargo, la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado al respecto. Actualmente, la Asamblea continúa presionando para que este acuerdo pase por su revisión.
En el Acuerdo económico, el número 23 entre Ecuador y el FMI, se detalla que el préstamo tiene como objetivo apoyar las políticas de Ecuador para estabilizar la economía y salvaguardar la dolarización. Además, plantea avanzar en la agenda de reformas estructurales. Sobre estas medidas el gobierno de Noboa ya ha establecido algunas, como el aumento del Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 12% al 15%, y la condonación de intereses, multas y recargos a deudores empresariales en el Servicio de Rentas Internas, SRI, mediante la Ley de Eficiencia Económica aprobada en la Asamblea Nacional en diciembre de 2023.
El aumento del IVA se justificó con el argumento de que “permitirá que más policías y militares brinden seguridad en la guerra contra el crimen organizado”. Sin embargo, aunque el gobierno asegura que las muertes violentas disminuyeron de 2.302 de enero a abril de 2023 a 1.876 en el mismo periodo de 2024, información del propio Ministerio del Interior indica que, en cantones como Durán, Buena Fé y otros, las muertes se han agudizado, a pesar de la presencia de la Fuerza Pública en las calles. De hecho, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 11 de junio de 2024, a través de un comunicado informó que, debido al incremento de la violencia criminal en el país, existe un mayor número de cadáveres en el Centro Forense de Guayaquil que no han sido identificados ni retirados por sus familiares.
El FMI desembolsará el préstamo en diez fechas diferentes desde 2024 hasta 2028. El 4 de junio de 2024 ya desembolsó los primeros 1.000 millones del crédito acordado el 31 de mayo. Para recibir el total de ese préstamo, el gobierno de Ecuador deberá cumplir con la aplicación del programa que incluye una serie de condiciones: eliminación de subsidios, recortes, más reformas tributarias, etc. Según Andrés Chiriboga, investigador económico e integrante del Observatorio de la Dolarización, esto es lo que en economía se conoce como ‘la trampa de la deuda’. “La sostenibilidad para el pago de este préstamo, que va hasta 2028, depende de que Ecuador se siga endeudando. Entonces es una barbaridad”, afirmó.
¿Cuáles son los impactos sociales y económicos de las medidas del FMI?
Economistas y organizaciones sociales cuestionan el nuevo préstamo y señalan los posibles impactos de las “reformas estructurales”, medidas y condiciones impuestas por el FMI para el pago de la deuda.
El acuerdo con el FMI plantea, entre otras cuestiones, la reducción del gasto público, recortes en nómina, inversión pública y gastos operativos del gobierno. Para 2024, el Presupuesto General del Estado, PGE, es de 24.039 millones de dólares, pero se prevé un gasto público de 28.848 millones. Esto significa que el gasto público estimado para 2024 supera al Presupuesto General del Estado asignado, puesto que hay un déficit de 4.809 millones en el presupuesto. La reducción del gasto público genera preocupación para organizaciones como el Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES, que en un comunicado del 26 de abril de 2024, expresó que “la reducción del gasto público debilita la capacidad del Estado para mantener la seguridad”, además de incluir recortes en “programas sociales, servicios públicos, inversión en infraestructura, salarios de empleados públicos y otros gastos gubernamentales”.
El acuerdo con el FMI también considera una revisión de los fondos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS, y una auditoría al fondo de salud. Según el economista Pablo Dávalos, la intervención del FMI sobre el IESS tiene como objetivo buscar formas de privatización de los tres fondos más importantes que tiene el IESS: el de salud, el de invalidez, vejez y muerte (que paga las pensiones jubilares) y el fondo de cesantía.
Además, incluye la flexibilidad del mercado laboral, es decir, el trabajo por horas, a pesar de que esta propuesta fue rechazada por las y los ecuatorianos en la Consulta Popular de 2024.
El acuerdo también contempla la eliminación de los subsidios a los combustibles, una medida que levantó una ola de protestas y movilizaciones por parte del Movimiento Indígena, estudiantes, organizaciones sociales, mujeres, disidencias y otros grupos sociales en octubre de 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, y en junio de 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso. Esta situación se abordó a través de mesas de diálogo entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, con una propuesta de focalización de subsidios a los combustibles. Sin embargo, esta propuesta no se cumplió durante el gobierno de Guillermo Lasso y en la actualidad, el gobierno de Daniel Noboa también intenta eludir.
El 5 de junio de 2024, Esteban Torres, viceministro de gobierno, declaró en una rueda de prensa que la eliminación de los subsidios a los combustibles se implementará mediante una focalización vía compensaciones que beneficien a los usuarios del transporte y no al sector transportista. “Es la forma más lógica de ayudar a los más necesitados y evitar que haya recursos que se van por la frontera”, afirmó. Torres explicó que las compensaciones que el gobierno proyecta oscilan entre los 100 y 150 millones de dólares, de los 631 millones que cuesta el subsidio a la gasolina Extra y Ecopaís en 2024. Esto a pesar de que Noboa durante su campaña presidencial prometió bajar el costo de combustibles y el costo del diésel para los agricultores y los transportistas.
Al respecto, la CONAIE denunció un “nuevo paquetazo” debido a la eliminación de subsidios a los combustibles. En un comunicado, la organización expresó que esta medida agudizará la desigualdad y la crisis económica, además de aumentar el costo de vida para los sectores más vulnerables que ya se vieron afectados por el aumento del IVA. A su vez, argumentó que el gobierno de Daniel Noboa “ha favorecido los negocios inmobiliarios de su familia, en detrimento de la economía popular y el bienestar de las mayorías, condicionado por el FMI”. Por ello, la CONAIE exhortó a eliminar el subsidio a grandes empresas e industrias como la camaronera, atunera y minera, y a mantener el subsidio a los combustibles para los agricultores, pequeñas y medianas empresas, Pymes, y el transporte público.
El gobierno de Daniel Noboa tiene previsto emitir un decreto ejecutivo para aumentar los precios de las gasolinas. Sin embargo, aún no lo emite porque está, según el ministro de Economía y Finanzas Juan Carlos Vega, “afinando detalles”, pero también está a la expectativa de la CONAIE, que ha ratificado la unidad de su estructura organizativa y “el uso del derecho a la resistencia en contra del neoliberalismo impulsado por el gobierno” si se eliminan los subsidios.
Otras organizaciones, como el Frente Popular, FUT, y la Unión Nacional de Educadores, UNE, ya anunciaron movilizaciones “para enfrentar la ofensiva neoliberal determinada por el gobierno y el Fondo Monetario Internacional y evitar que se elimine el subsidio a los combustibles”. Además, el FUT saldrá a las calles el 12 de junio de 2024 por otros motivos, como el aumento del IVA. Según esta organización, “la medida que ha adoptado el gobierno no ha sido para garantizar la seguridad, ha sido un pretexto para darle un golpe a los sectores populares, sociales e históricamente vulnerados del país”.
Mientras tanto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP, habilitó una página web para que los dueños de taxis, camionetas y tricimotos se inscriban y reciban compensaciones, beneficios, por la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Sin embargo, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha expresó incertidumbre, ya que el MTOP les proporcionó los pasos para el uso de la plataforma de registro de beneficiarios, cuando en una reunión que mantuvieron con el subsecretario de Transporte, Fernando Amador, no llegaron a ningún acuerdo respecto a la compensación. La Federación también indicó que el ministerio no ha realizado mesas técnicas “donde se transparente el mecanismo, porcentaje, el cálculo y los beneficios”.
Actualmente, con el subsidio al combustible, el precio de la gasolina Extra es de 2.47 dólares por galón. Por ejemplo, si un conductor o conductora llena el tanque de su auto con 10 galones de gasolina Extra, paga alrededor de 24.7 dólares. Sin embargo, sin el subsidio, el precio por galón se elevaría en 0.25 centavos para la gasolina Extra y en 0.30 centavos para la gasolina Ecopaís, según afirmó el ministro Juan Carlos Vega, en una entrevista el 12 de junio de 2024. Es decir, con la eliminación del subsidio, el precio de la gasolina Extra subiría a 2.72 dólares por galón, por lo que el costo por los mismos 10 galones sería de 27.20 dólares. Además, según el ministro, se estima que 84.000 vehículos serían los beneficiarios de las compensaciones. El economista y docente Jonathan Báez, en entrevista, comentó que esto representaría un aumento inmediato del 13% en sus costos, lo que reduce su poder adquisitivo. Además, dijo que este incremento, sin considerar el impacto adicional de la especulación, perjudicará aún más a la clase media y a las personas con menos recursos.
Según el CDES, los acuerdos anteriores con el FMI han profundizado la dependencia del país en la exportación de recursos naturales, en particular de la Amazonía ecuatoriana. Además, señaló que el FMI no ha logrado impulsar el crecimiento económico de Ecuador. Según cifras del propio FMI, se estima que en 2024 el crecimiento económico del país sea de apenas del 0,1%, lo que representa una reducción significativa respecto a la estimación previa del FMI del 1,8% para el mismo año. “Este ajuste sitúa a Ecuador como el país con el menor crecimiento en América Latina durante 2024, a pesar de haber finalizado un acuerdo con el FMI considerado ‘exitoso’”, resaltó el CDES.
El CDES también indicó que el acuerdo con el FMI incrementa la deuda de Ecuador, que ya enfrenta una deuda pública superior a los 80 mil millones de dólares, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta deuda se ha duplicado en los últimos siete años bajo los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa. Antes de que Noboa asumiera el poder, la deuda consolidada era de 61 mil millones, sin contar pasivos contingentes que la elevarían a más de 80 mil millones. Actualmente, la deuda está en poco más de 66 mil millones. A la par, no se logró acumular reservas internacionales, ya que estas experimentaron un descenso, pasando de 8.459 millones en diciembre de 2022 a 4.454 millones en diciembre de 2023, lo que representa una reducción del 48% respecto al año anterior, según el Banco Central del Ecuador.
Fuente: https://wambra.ec/fmi-vuelta-ecuador-impactos-economicos-sociales/
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