Kelly J. Pottella G.
La arquitectura del sistema-mundo atraviesa una transición estructural donde la jerarquía de las naciones ya no se define exclusivamente por la acumulación de divisas, sino por la capacidad de sostener la infraestructura física y el flujo energético que demanda la Inteligencia Artificial. En este escenario, la República Bolivariana de Venezuela ha dejado de ser percibida bajo el prisma del conflicto convencional para emerger como un activo tecnológico de importancia hemisférica. La convergencia entre la potencia hidroeléctrica del Bajo Caroní y la imperativa global de centros de datos con baja huella de carbono sitúa al Estado venezolano en una posición de vanguardia dentro de la nueva economía industrial frente a las demandas de los mercados globales.
La actual parálisis en las cadenas de suministro de minerales críticos, marcada por el bloqueo fáctico de las exportaciones de galio por parte de la República Popular China y su cotización récord de 1.850 $/kg, ha revelado la vulnerabilidad táctica de los centros de poder tecnológico de los Estados Unidos de Norteamérica. Ante este vacío, el Gobierno venezolano ofrece una resiliencia infraestructural que trasciende el modelo rentista petrolero. El potencial nacional para albergar nodos de procesamiento masivo de datos no es solo una oportunidad de inversión, como ha reconocido la corporación BlackRock Inc. a través de su director ejecutivo Larry Fink, sino un factor de negociación que obliga a una reconfiguración de las relaciones de poder entre Washington y Caracas.
No obstante, esta posición de fuerza exige una vigilancia rigurosa sobre los mecanismos de reinserción en los mercados de capitales gestionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El riesgo de una "gestión delegada de activos", bajo el esquema de la Licencia General No. 58 de la OFAC, debe ser analizado como un desafío a la soberanía procedimental del Estado venezolano. Es imperativo que la reestructuración de la deuda externa coordinada por el Gobierno nacional y la apertura a consorcios tecnológicos transnacionales se ejecuten bajo un modelo que blinde la autonomía institucional, evitando que el territorio sea reducido a una periferia energética para el procesamiento de datos de las corporaciones tecnológicas estadounidenses. La verdadera soberanía en el siglo XXI se ejerce garantizando que la infraestructura estratégica sea el motor de una transformación interna y no un enclave de rendimiento externo para los tenedores de bonos extranjeros.
La retórica coercitiva de la administración de Donald Trump y las alusiones a la anexión territorial deben interpretarse como operaciones de presión ante la firmeza de la institucionalidad venezolana liderada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Mientras el Estado avanza en su atrincheramiento jurídico mediante la Asamblea Nacional y la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para agilizar la carga procesal, la nación demuestra una solvencia técnica que desarticula la narrativa de crisis impulsada por el Departamento de Estado. El desafío de 2026 radica en consolidar una autonomía infraestructural de vanguardia, donde la gestión soberana de la energía y los materiales sensibles sea la base de una potencia nacional capaz de intermediar con éxito ante el capital financiero internacional y los nuevos centros de poder digital.
Miembro de la Red Nacional de Escritor@s Socialistas de Venezuela. Promotora cultural. Pertenece al periódico comunitario Enlazando la Diversidad. Estudiante de sociología. Vocera del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de Cultura por Dtto Capital.
kellypottella@gmail.com
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