A menudo, y comprensiblemente, se pregunta a los analistas internacionales si habrá un cambio en la política exterior de Estados Unidos dependiendo de si un presidente republicano o demócrata gobierna la Casa Blanca. Dado que, para un marxista, siempre es buena idea huir de maniqueísmos y mirar la situación concreta en sus relaciones de clase históricamente determinadas, para señalar que, a nivel internacional, la esencia de la política exterior norteamericana no presenta discontinuidades, no es una toma de posición ideológica.
«Todo cambia para que nada cambie» es un esquema que se adapta bien a la estrategia de Estados Unidos en el mundo. Ya sea envuelta en una retórica trumpista de campo abierto o en un “multilateralismo” más persuasivo al estilo de Biden, la idea fundacional de la supremacía armada sigue siendo la base del modelo político norteamericano en política exterior. Un paradigma que se alimenta y alimenta los intereses del complejo industrial militar, sustentado, relanzado y actualizado por sus motores ideológicos, escuelas de pensamiento y medios de comunicación.
Sobre esta base, EE.UU. se cree el gendarme del mundo, legitimado en una carrera armamentista para protegerse del eterno peligro, tanto dentro como en sus propias áreas de influencia, que por lo tanto están repletas de bases militares con barras y estrellas. Un aparato que necesita, de vez en cuando, ponerse a prueba, demostrar a los aliados-súbditos que vale la pena pagar para garantizar la paz a través del prestigio vicario de esa supremacía armada.
Sobre esta base, cuando desapareció la Unión Soviética y así la comparación con un modelo económico y de pensamiento que ponía en el centro la paz con justicia social y que así podía inspirar también las manifestaciones pacifistas contra la agresión a Vietnam, las aventuras bélicas norteamericanas, movidas por motivos de política interna, han consolidado el consenso de las élites en torno al concepto de la «democracia» norteamericana como vacuna del mundo: apalancándose en la doble llave de la supremacía militar y económica, pero si es necesario también sobre una supuesta superioridad moral y cultural capaz de coagular intereses consonantes globalmente.
Un concepto cada vez más cuestionado por el crecimiento de un mundo multicéntrico y multipolar, atravesado por una globalización que entrelaza intereses entre polos divergentes, como se puede ver en América Latina donde China tiene sólidas relaciones comerciales incluso con gobiernos de extrema derecha como el de Brasil. Por otro lado, puede recordarse cómo el pacto de cooperación técnico-científica con Argentina, que derivó en el establecimiento de una estación de radar en la Patagonia, suscrito en 2014 por la entonces presidenta Cristina Kirchner y luego ratificado por el empresario Mauricio Macri, el sucesor en la presidencia y amigo de Trump, se remonta a 1980, cuando gobernaba la dictadura militar anticomunista.
En cualquier caso, si un año después del asalto al Capitolio, las fallas estructurales de la democracia burguesa norteamericana han puesto de manifiesto la crisis de hegemonía estadounidense también en términos de su atractivo, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, bien respaldada por una alianza, la de la OTAN, con nuevos planes de expansión.
Lo estamos viendo con el nuevo conflicto en Ucrania y con el fracaso de las reuniones que tuvieron lugar en Bruselas entre Rusia y la OTAN. La Alianza Atlántica, que prepara la cumbre de junio en Madrid, España, ha rechazado todas las propuestas de Moscú para contener la expansión hacia el Este de la supremacía norteamericana, que agrandaría peligrosamente con la adhesión de Ucrania, última nación en pedirla. En treinta años, los países miembros de la OTAN han pasado de 16 a 30, muchos de los cuales pertenecían al antiguo Pacto de Varsovia.
Los aliados de estos 30 países están ahora desplegados a lo largo de las fronteras rusas, pero Putin vuelve a ser acusado por la estruendosa propaganda occidental. Los medios, sin embargo, se cuidan de difundir los contenidos de la plataforma de diálogo y el proyecto de tratado, propuesto en diciembre por Moscú y rechazado por Washington. Todos los puntos adelantados por la diplomacia rusa se centraron en la solución pacífica de las disputas, en el compromiso de las dos partes de no emprender acciones lesivas a la seguridad, en garantizar el cumplimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas de todas las organizaciones militares y alianzas a las que Rusia y Estados Unidos se adhieren, y no utilizan los territorios de otros estados para organizar o lanzar un ataque armado contra cualquiera de las partes.
Rusia también pidió a Estados Unidos que no establezca bases militares en el territorio de otros estados de la ex Unión Soviética que aún no son miembros de la OTAN y que evite una mayor adhesión de los estados ex soviéticos a la OTAN. Siendo así, dijo la diplomacia rusa, «si no hay al menos cierto margen de flexibilidad en asuntos serios», Moscú «no ve razón» para nuevos encuentros con Estados Unidos y sus aliados.
La Alianza Atlántica dijo que sigue disponible para otras reuniones porque «el riesgo de un conflicto armado en Europa es muy real y hay que prevenirlo», y mientras tanto ha movido todos los peones europeos para apoyar la tesis según la cual Putin quisiera invadir Ucrania y utilizaría el gas, a través de la empresa estatal Gazprom, como arma política en las disputas en curso con los países occidentales.
«El riesgo de una guerra en el área de Osce es mayor que en los últimos treinta años», dijo el actual presidente de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, en la apertura del Consejo de la OSCE, que el formada por 57 países, incluidos Estados Unidos, Ucrania y Rusia. “No habrá negociaciones sobre Ucrania bajo la presión militar de Rusia”, dijo el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en referencia a las tropas rusas presentes en Crimea.
Mientras tanto, un grupo de 25 senadores demócratas, encabezados por Bob Menéndez, han presentado un proyecto de ley sobre «Defensa de la soberanía de Ucrania» en caso de ataque de Rusia. El proyecto incluye sanciones contra Putin, el primer ministro, oficiales militares y ejecutivos del sector bancario. Las sanciones contra un jefe de Estado -comentó el portavoz del Kremlin- son una medida equivalente a una ruptura de relaciones, «superarían un límite».
El senador estadounidense Menéndez, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, es conocido por encabezar campañas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. En 2019 presionó para que el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, aplicara sanciones contra Cuba, Venezuela, Nicaragua por sus relaciones con Rusia. En diciembre de 2021, hizo firmar a Biden la Ley Renacer, para endurecer las sanciones a Nicaragua, “culpable” de organizar las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, nuevamente ganadas por la fórmula presidencial Daniel Ortega-Rosario Murillo.
El senador también trabajó para que las medidas coercitivas unilaterales fueran adoptadas por los socios europeos de Estados Unidos y por Canadá y fueran acompañadas de otras sanciones de carácter económico, encaminadas a revisar los préstamos otorgados al gobierno de Nicaragua por organismos internacionales y reconsiderar la participación de Nicaragua al tratado de libre comercio que une a varios países centroamericanos a Estados Unidos, primera potencia mundial y primer mercado para las exportaciones nicaragüenses.
Las elecciones en Nicaragua y la participación de países latinoamericanos en la toma de posesión del presidente Ortega también fueron objeto de fricciones al interior de la Celac, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que incluye a 33 países americanos (32 desde que se retiró el Brasil de Bolsonaro), excepto Estados Unidos y Canadá. El 7 de enero, la cumbre del organismo centrada en la reanudación de la integración continental, a pesar de las diferencias de criterio que mueven los gobiernos derechistas subordinados a EE.UU., se realizó en Buenos Aires y asignó la presidencia pro tempore a la Argentina.
La oposición inicial de Nicaragua a la candidatura argentina ha desaparecido gracias a la mediación de Cuba y Venezuela. El gobierno sandinista había protestado porque, el 8 de noviembre, el argentino había emitido un comunicado llamando a boicotear las «elecciones fraudulentas» en Managua y, el 13, había aprobado luego un proyecto de resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA), buscado por Estados Unidos y otros 8 países. Luego, sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández decidió enviar de nuevo a Managua a su embajador, quien también estuvo presente en la toma de posesión de Ortega, y se acabó el conflicto.
La cumbre de la Celac, que volvió a levantar la voz contra las medidas coercitivas unilaterales ilegales impuestas por el imperialismo, también denunció cómo algunos de los países presentes, Colombia en primer lugar, estaban allí en nombre de terceros, es decir, en nombre de Estados Unidos. Colombia, que abunda en bases militares estadounidenses, ingresó en 2018 a la OTAN como «socio global», rompiendo efectivamente la declaración emitida en La Habana en 2014 por el organismo continental, con el que la Celac se autodeclaraba «zona de paz». Un propósito reiterado también en la cumbre de Buenos Aires.
Al adherirse a la Alianza Atlántica, el gobierno colombiano (antes con Manuel Santos y ahora con Iván Duque) ha allanado el camino para cualquier maniobra de la OTAN tanto desde sus costas en los océanos Pacífico y Atlántico, como desde las fronteras con Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá. En la cumbre de Buenos Aires, la representante de Colombia defendió el papel de la OEA y criticó las «dictaduras» de Ortega y Maduro. «Creemos que el multilateralismo ofrece las mejores opciones», dijo, refiriéndose a las políticas estadounidenses. Luego, en silencio vergonzoso sobre las masacres que se perpetúan a la sombra del narcogobierno colombiano, reiteró la importancia de respetar los derechos humanos en la región y mantener buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá.
Venezuela, a través del canciller Félix Plasencia, reiteró la propuesta de crear una secretaría general de la Celac «para darle aún más impulso al intercambio entre todos los países de la región», y respaldó el reclamo de Argentina contra el Fondo Monetario Internacional para deshacerse de la deuda contraída por el gobierno anterior de Macri. La cumbre propuso 15 puntos sobre los que trabajar en los próximos meses. Estos incluyen la economía pospandemia, la cooperación espacial, la integración educativa, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción.
“Hagamos borrón y cuenta nueva y abramos expediente nuevo, y avancemos queridos hermanos nicaragüenses, construyendo paz para combatir la pobreza, construyendo paz para que haya carreteras”, dijo Daniel Ortega a Managua al asumir su quinto mandato como presidente, luego de ser elegido con el 75% de los votos. Un paso más hacia el fortalecimiento de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (Alba-Tcp) y Petrocaribe, en el marco de las alianzas que configuran un mundo multicéntrico y multipolar.
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