Se han cumplido dos años de las masacres de Sacaba y Senkata, y hasta el día de hoy, el pueblo exige justicia.
Se han cumplido dos años de las masacres de Sacaba y Senkata, y hasta el día de hoy, el pueblo exige justicia, la primera suscitada el 15 de noviembre en (Huayllani) Cochabamba, y la segunda el 19 en la ciudad de El Alto, las mismas que fueron perpetradas bajo el régimen de facto de Jeanine Añez, el 2019 en Bolivia, en las que existió no sólo el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública, las que han incurrido en graves violaciones de los derechos humanos, que han concluido en ejecuciones extrajudiciales, que implican el haber cegado la vida de connacionales, un verdadero genocidio; masacres en las que también se mostró el verdadero rostro de la ultraderecha fascista, en su odio y desprecio al indio.
Conclusiones a las que llegaron los informes presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia)[2], ONU, Harvard-UNHR y CIDH[3], los que prueban el genocidio cuyos resultados han demostrado, y confirmado la muerte de más de 37 personas inocentes, más de 833 heridos y el que dejó más de 1504 presos de la dictadura fascista, tras el Golpe de Estado militar, policial, cívico, eclesiástico, mediático, que tuvo como principal artífice y ejecutor a Carlos Mesa, y Fernando Camacho, entre otros, como lo hemos señalado[4] y el que fue apoyado y financiado por Estados Unidos, la OEA, y su secretario general Luis Almagro, la Corona Británica y otros países cuyos presidentes en ese entonces, tuvieron su intromisión caso Mauricio Macri de la Argentina, Lenín Moreno de Ecuador, los que están involucrados por el envío de armamento letal y bélico para reprimir a los manifestantes, y los que siguen en la impunidad o Bolsonaro de Brasil.
Al mismo tiempo se debe señalar que ya el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado el 18 de agosto, no sólo calificó como “masacres”, a las operaciones militares y policiales ordenadas por el Gobierno de facto e inconstitucional de Jeanine Añez (2019-2020), sino también que en las mismas se mostró el racismo, el odio, la discriminación a los indígenas, cegándoles la vida, además de haber llevado un proceso de persecución y detenciones ilegales con prácticas de tortura por parte del Estado, que el informe incluso las tipifica.
También se hace referencia que a partir de la emisión del Decreto Supremo Nº 4078, del 14 de noviembre de 2019, promulgado por el régimen de Añez, que fue firmado también por todo su “Clan”, como el ex ministro de gobierno Arturo Murillo, que se encuentra detenido en los Estados Unidos, implicado por el denominado caso «gases lacrimógenos», los que se usaron para reprimir a los manifestantes, y otros delitos, acusado también de armar un esquema de sobornos y lavado de dinero, entre 2019 y 2020, como lo señalamos[5], además también fue firmado por el que era ministro de defensa Luis Fernando López, quien está acusado por delitos de “sedición y terrorismo” por las masacres perpetradas en 2019, el que se encuentra prófugo de la justicia, oculto en Brasil, y al que también se lo debe extraditar.
Lo cierto es que éste Decreto Supremo , denominado ‘Decreto de la Muerte’, permitió la participación directa de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Boliviana, para cegar la vida de todo manifestante que se encontraba exigiendo justicia en ese entonces, haciendo alusión al armado del supuesto «fraude», eximiendo a los militares de cualquier responsabilidad penal; pues la norma establecía que los militares que participen en operativos estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas.
Lo que recientemente fue confirmado por el Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), (CAT, por sus siglas en inglés), quién a través de su relator Claude Heller, el 26 de noviembre en la sesión de Ginebra, Suiza observó que en Bolivia el régimen de Jeanine Áñez usara un Decreto Supremo para deslindar a militares de responsabilidad penal en la represión contra bolivianos. “En ese periodo se registraron vulneraciones a los derechos a la vida y a la seguridad de las personas” haciendo referencia a las masacres de Senkata y Sacaba; es decir se consumaron sistemáticas violaciones a los DDHH.
El mismo órgano dependiente de las Naciones Unidas, la CAT, también corroboró que en la crisis de 2019 en Bolivia se dio acciones de racismo y discriminación, quema de la “Wiphala”, el emblema nacional de la civilización andina y símbolo sagrado ancestral, en “un acto de venganza e incitación al odio” y se demostró el financiamiento a «grupos paramilitares” como la Resistencia Juvenil Cochala y la Resistencia Juvenil Cruceñista, los que se encargaron de torturar y someter a todo manifestante, justificando su acción en defensa de la democracia.
“Fueron sometidas a torturas y otras formas de malos tratos, incluyendo amenazas de muerte, electrocuciones, asfixia con golpes de plástico, golpes, privación de alimentos y agua, abusos sexuales y simulaciones de ejecuciones”.
Como estamos viendo, las pruebas son contundentes y confirman el “genocidio”, pues esa es la consigna en el imaginario colectivo de la ultraderecha fascista; pues siempre los grupos de poder oligárquico conspirarán para la aniquilación, el exterminio de los indígenas, su odio rotundo, esto lo hemos visto hace más de 500 años, y hoy lo volvemos a comprobar no sólo con la marcha de un nuevo golpe de estado para tumbar al gobierno de Luis Arce Catacora, el que ganó legítimamente con el 55% en las urnas; sino también con el proyecto de “balcanización”, y ahora el de “federalismo”, ya que lo que se quiere es la división de Bolivia, aquella sofocada el 2008 por el gobierno de Morales, y que hoy nuevamente va siendo retomada por los grupos ultra fascistas.
No cabe duda que no se debe dejar en la impunidad a todos los operadores del golpe de Estado, pues el pueblo exige justicia, y tampoco no se debe dejar a la suerte las denuncias contra los golpistas presentada en la vía ordinaria por la ex diputada Lidia Paty, quien abrió causa por “conspiración”, “terrorismo” y “sedición” contra Jeanine Añez en el caso “Luis Fernando Camacho y otros”, sobre el “golpe” de 2019, por lo que Añez se encuentra bajo detención preventiva desde el 13 de marzo en La Paz.
Los informes han demostrado que no se tratan de persecuciones políticas; sino que son delitos de lesa humanidad, Añez quien fue elegida inconstitucionalmente, «sin quórum legislativo” y todo su «Clan» cometieron genocidio y deben ser juzgados ante la ley, de lo contrario no se estaría a favor del pueblo, pues “Justicia significa no oprimir a los demás ni permitir que otros te opriman. No cometer ni tolerar la injusticia”.
Sdenka Saavedra Alfaro
[1] Sdenka Saavedra Alfaro (Escritora y periodista boliviana radicada en Medio Oriente, Irán).
[2] Ver informe: https://secureservercdn.net/198.71.233.202/ije.b04.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-GIEI-Bolivia-informe-final.pdf
[3] Informe en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/321.asp
[4] Saavedra Alfaro Sdenka «La muletilla del “Fraude en Bolivia”: ¿Hasta cuándo la impunidad?». Leer en: https://www.annurtv.com/nota/62895-america-latina-y-caribe-la-muletilla-del-fraude-en-bolivia-hasta-cuando-la-impunidad.html
[5] Saavedra Alfaro Sdenka «Áñez y su Clan: Los principios de un final». Leer más en: https://www.annurtv.com/nota/62242-america-latina-y-caribe-anez-y-su-clan-los-principios-de-un-final.html
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