Luis Britto García.- Para vencer la crisis, sanear la administración pública. Reinstaurar, mediante las actuales técnicas informáticas, el control previo, posterior y concomitante sobre el cumplimiento de las metas, programas y objetivos de los presupuestos públicos, con sanciones administrativas, civiles y penales para el caso de incumplimiento injustificado de ellos.
Tal control debe abarcar tanto la administración central, como el complejo universo de los institutos autónomos, fundaciones, empresas del Estado e intereses del Estado en empresas privadas, así como a los estados, municipios y comunas.
El saneamiento de la administración requiere transparencia, publicidad total y sanción ejemplar sobre las infracciones infracciones y complicidades que determinaron la transferencia de más de 60.000 millones de dólares a empresas de maletín que realizaron importaciones fantasmas.
En contrapartida, se debe instaurar para las empresas privadas un sistema de contabilidad informatizado obligatorio unitario, uniforme y transparente, que permita seguir en tiempo real todas sus operaciones económicas y establecer relación entre costos de producción, precios y márgenes de ganancias, para evidenciar y sancionar actividades ilegales y especulativas.
Mediante la aplicación caprichosa de tasas de cambio arbitrarias y fantasiosas fijadas por páginas web foráneas, un grupo de empresarios ha destruido el valor del bolívar y desatado una hiperinflación que estanca las actividades económicas y desploma el nivel de vida. La “liberación” de precios es el arma de destrucción masiva de la guerra económica neoliberal, disparada por un mínimo oligopolio de intereses. En legítima defensa de la población, el gobierno tiene el derecho y el deber de fijar la tasa de cambio legal así como los precios máximos de bienes y servicios, de controlar rigurosamente el cumplimiento de tales regulaciones, y de asumir el control de las actividades y ramas económicas que se muestren incapaces de satisfacer las necesidades del público.
Colaboran en la agresión contra nuestra moneda muchos integrantes del sistema bancario, responsables en buena medida de la desaparición física del papel moneda y de la confiscación fáctica del dinero del público negándole el retiro del mismo o reduciéndolo a cantidades irrisorias. Es indispensable que el Estado aplique rigurosamente la Ley de Bancos, y que asuma aquellas actividades crediticias que la banca privada no quiera o no pueda ejercer.
Tales medidas han de ser complementadas con el control riguroso y la erradicación tanto de redes ilegales de acaparamiento y especulación con bienes subsidiados, como de organizaciones criminales constituidas a tal efecto.
Luis Britto García
brittoluis@gmail.com
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