Traición a la patria

 María Alejandra Díaz Marín 

El Libertador, en el Manifiesto de Cartagena, sentenció que la lenidad del gobierno, la forma benigna en que los magistrados actuaban imaginándose “repúblicas aéreas” y, creyendo en la perfección política, permitió subvertir el orden social, provocando la disolución del Estado.

Si un conjunto de acciones desplegadas por parte de cualquier persona o de grupos de personas, atenta contra los valores de independencia, libertad, soberanía, integridad territorial y autodeterminación nacional; en especial por vía de la consumación de ilícitos penales o vías de hecho genéricas o prospectivas, afectando con ello derechos inalienables de los venezolanos y ocasionando además que una fuerza extranjera amenace, anuncie, advierta, proclame y programe una intervención militar; debe considerarse a estos sujetos no solo son cómplices, sino autores del delito de traición a la patria de manera voluntaria, pues su acción criminal busca la destrucción y el aniquilamiento de la soberanía, así como la desintegración territorial.

Cuando públicamente, mediante la expresión por vía de la opinión y de forma masiva, estos sujetos se expresan, cometen este delito de ejecución inmediata y efecto permanente, se trata de un delito flagrante, por lo cual deben las autoridades ordenar apresarlos y ponerlos de inmediato a la orden del Ministerio Público, pues existe un hecho público, notorio y comunicacional.

Argumentos sobran para esta decisión, pues cinco de las cinco condiciones descritas en el actual ordenamiento jurídico venezolano, previstas en el Código Penal, que sirven como causa o motivo para que algún ciudadano sea acusado por traición a la patria, están plenamente dadas: atentaron contra la independencia de la República; confabularon para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación y solicitaron expresamente la intervención de un país extranjero en los asuntos de la política interior de Venezuela; además de recibir recursos de un país extranjero para que sean empleados en perjuicio del país, de sus instituciones republicanas, de sus ciudadanos y ciudadanas, sirviendo para desestabilizar el orden social.

¡Basta de impunidad! Una comunidad que no rechaza y castiga a su agresor interno está condenada a la impunidad y a la desaparición.
@alecucolomarin