El sistema económico venezolano, previsto en el Artículo 299 de la CRBV, establece la libertad económica y la iniciativa privada, conforme a la justicia social, requiriendo la intervención del Estado y una fuerte y marcada presencia en tres roles: promotor del desarrollo económico, regulador y planificador de la actividad económica, persiguiendo la justa distribución de las riquezas. Blindaje jurídico material del Estado de Derecho, Justicia Social y Garantías Constitucionales.
Un modelo apalancado en dispositivos de defensa interna que incomodan a los neoliberales, con debilidades y averías centrifugadoras que siguieron operando, fortaleciendo vías sumergidas de apropiación de la riqueza, transferidas de forma subrepticia a una burguesía contraria a las ideas sociales constitucionales.
Ante ello, Chávez diseñó un sistema de reparto y distribución justa y equitativa de las riquezas: 67% fue para la inversión social, limitando el porcentaje de apropiación que recibían vía sobrefacturación importaciones, evasión y elusión fiscal, créditos blandos y la entrega a precios preferenciales de las divisas producidas en un 97% por PDVSA.
Este sistema propicia un conflicto entre el Estado, propietario de la renta del suelo, y el sector privado por el control de dicha renta. Mientras sectores oligopólicos y monopólicos de ella se apropiaban, haciendo el modelo de distribución inviable, proponían el dogma salvador: privatizaciones a diestra y siniestra (IESA, CEDISE).
Desde una perspectiva monetarista ortodoxa, la inflación es siempre un fenómeno monetario (Friedman), enfoque actualmente encarnado en el Nuevo Consenso Macroeconómico y en las políticas recomendadas por el FMI desde 2002 (Blejer).
La preocupación principal de los “policy-makers ortodoxos” es el crecimiento «excesivo» de la demanda agregada (trabajadores que consumen), o simplemente la expansión monetaria (Blejer), y proponen medidas monetarias y fiscales contractivas, como único medio apropiado para controlar la inflación (Friedman).
Mientras, el enfoque post-keynesiano entiende a la inflación como la manifestación del conflicto por la distribución del ingreso entre los trabajadores y los empresarios, empleadores privados y públicos.
Weintraub explica que este conflicto obedece a la mayor capacidad de negociación de los trabajadores y el poder de las empresas en administrar los precios (fijarlos) lo que aumenta la posibilidad de una espiral inflacionaria como expresión del conflicto distributivo, arrastrando incluso la función del dinero como depósito de valor. Este es el núcleo del ataque a nuestra moneda como expresión de la máquina compleja de guerra.
Los Policy makers de la ortodoxia neoliberal asumen como solución frente al conflicto distributivo entre los agentes (trabajadores y capitalistas) y para frenar a la inflación, medidas de contracción monetaria radicales (políticas deflacionarias centradas en el control de la oferta monetaria) limitando la capacidad de negociación de empresas públicas y privadas, que terminan pulverizando el salario ante el poder de los oligopolios y monopolios de fijar precios y defender su tasa de ganancia. (Del Búfalo).
Políticas recesivas que frenan el crecimiento de los salarios nominales antes que los precios y en virtud del desfase, se reduce el salario real. Lo que olvidan los Policy makers es que el mecanismo de contracción monetaria genera una recesión que causa una reducción del ingreso nacional. Estos estrategas y su visión de una economía de mercado (autorregulación) en un contexto de regulaciones estatales y restricciones monopólicas (112 CRBV) apuntan justamente a eliminar la interferencia de las subjetividades sociales (reclamos de trabajadores).
Con Pasinetti coincidimos en que lo fundamental en nuestro modelo económico es la distribución del ingreso como elemento clave para asegurar el crecimiento económico: “sin una adecuada distribución del ingreso, no es posible un crecimiento equilibrado, por tanto el sistema no podría subsistir de otro modo: estaría condenado a la depresión y al colapso”.
Quienes nos acusan de mentir respecto al tema salarial, obvian que los cálculos que presenta Pasqualina Curcio al referirse al grado de explotación solo incluyen al sector privado. Está excluido del estudio in comento, la actividad pública y el número de trabajadores públicos y agrega ésta que aunque se incluya al sector público, los resultados del grado de explotación son similares, porque proporcionalmente la participación del sector público en el excedente neto de ganancia, es similar a la proporción de asalariados públicos.
Insistimos: esta política de los Policy makers, según lo demuestran las cifras del BCV, resulta en un grado real de explotación mayor: para 2017 era del 3026% y no 268%, es decir, por cada bolívar que recibió el trabajador, el capitalista se apropió de 30. Aclarando que este grado real de explotación fue por cada trabajador y en ese sentido fue ajustado, tanto para el sector público como del privado. (Curcio).
A eso debemos añadir el hecho de la caída de la participación de las empresas del sector público, específicamente PDVSA que redujo producción de 3000 mb/día en 2014 a 1000 mb/día para el 2017. Incluso sin realizar mayores cálculos, solo con las cifras de la distribución del PIB por ingresos que publica el BCV donde se muestra que el excedente neto de ganancia pasó de 31% en 2014 a 50% en 2017 mientras que la proporción de los asalariados disminuyó de 36% en 2014 a 18% en 2017 –aumento de las ganancias y disminución del salario-, es una prueba irrefutable de lo que en términos de Marx se define como un aumentó el grado de explotación, o lo que es lo mismo, disminución del salario relativo.(Curcio).
El que haya disminuido el salario relativo o aumentado la explotación, va de la mano con el hecho de que disminuyó el salario real o poder adquisitivo, lo cual es público y notorio. No hay que sacar muchas cuentas para saber que el salario no alcanza, por ello no es raro, que los Policy makers defiendan a la burguesía afirmando que no ha aumentado el grado de explotación y ganancia, en lugar de centrarlo en la defensa de la clase obrera y trabajadora y hacer propuestas para resolver el deterioro del salario real y relativo.
Como vemos, no es un asunto cualquiera, el tema salarial: no solo es justicia social sino autovaloración social (Negri). El salario digno y justo por encima del “mínimo vital” (que reduce al trabajador a esclavo o cosa, como plantea Sraffa) o de la “renta básica universal” según parámetros de la ONU, es un tema político y no técnico. Es el reclamo histórico que hace una clase organizada sobre la finalidad que debe dársele a los excedentes producidos (formal o informalmente) y también a la renta, principio nuclear estructural de nuestra economía.
Renunciar a este derecho y obligación es perder la soberanía económica.
Defendemos a un Estado soberano que jamás debe quedarse sin dinero porque tiene la capacidad de crear todo el que sea necesario, apoyado no sólo en recursos petroleros y mineros (Commodities), también en un sistema de contabilidad transparente que respalde tales transacciones, lamentablemente inexistente hoy día.
Ningún caso de hiperinflación ha sido provocado por crear dinero, y eso lo demuestra la evidencia empírica: de los 56 casos de hiperinflación analizados por un informe de Cato Institute (nada sospechoso de ser socialista) ni uno solo la inflación galopante fue provocada por un Banco Central que emitiera moneda. Hoy la Reserva Federal de EEUU emitió en 3 meses la misma cantidad de dinero que en los últimos 6 años de la crisis financiera entre 2008 y 2018 (3 billones de dólares. Eso significa el 15% del PIB estadounidense o, aproximadamente, dos veces el PIB de España, o tres cuartas partes el de Alemania, la cuarta mayor economía del mundo y las cifras de la inflación no se han visto afectadas. Igual sucede con el caso Argentino este mismo año. Fin del dogma ortodoxo monetarista.
La causa de esos desequilibrios fueron siempre acontecimientos políticos dramáticos: acaparamiento, desabastecimiento, reducción brusca de la cantidad de bienes y servicios, haciéndolos muy escasos con respecto a la cantidad de dinero que había en circulación, ataques y depreciación inducida a la moneda -en el caso nuestro al Bolívar- provocando así tensiones inflacionarias, porque quienes fijan los precios se aprovechan aumentándolos.
Entonces ¿cómo enfrentar y combatir los precios desbordados, la desinversión acelerada de los presupuestos públicos, la distribución regresiva del ingreso, la pérdida del poder adquisitivo y los salarios indignos, medidas y efectos promocionados por sectores abiertamente monetaristas ortodoxos?
Para hacerles frente el BCV debe crear más dinero para que el Estado pueda solventar los gastos corrientes hoy muchísimo más caros, aumentar los créditos productivos y los salarios.
Chávez planteó un circuito económico fértil donde el petróleo era la clave para apalancar y distribuir el ingreso, éste fue afectado y demolido, eso es innegable. Pero ¿y los ingresos por venta de minerales valiosos, raros y estratégicos extraídos, por ejemplo? Necesitamos entre otras medidas una contabilidad transparente, elevar los impuestos a quienes ganan más, impedir la evasión y elusión fiscal, y que el Estado evite la apropiación concentrada de los recursos.
Permitir que el orden mundial post capitalista fije e imponga los fines del Estado Nación lo convierte en un Estado impotente, lisiado, a merced de la catástrofe del neoliberalismo rampante, buitres financieros, del FMI y sus organismos multilaterales expoliadores. Debemos asumir de una vez por todas, la autarquía como modelo para apalancar nuestra soberanía económica.
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