*JUAN MARTORANO
En fecha 30 de abril
de 2024, en la edición 167 de esta columna escribíamos sobre la injerencia de ONGs alemanas en Venezuela, argumentando que actúan bajo
la fachada de cooperación para desestabilizar al Gobierno Bolivariano. En
aquella oportunidad formulamos la denuncia que estas organizaciones, vinculadas
a fundaciones políticas alemanas, financian a la oposición local para promover
un cambio de régimen y socavar la soberanía nacional.
Dentro de los
puntos clave de la denuncia que formulamos tenemos los siguientes:
Injerencia
Política: Se señala que fundaciones alemanas (como la
Fundación Konrad Adenauer u otras similares) utilizan financiamiento para
formar y activar actores políticos y sociales contra el gobierno.
«ONGs de Fachada»:
Argumenta que la ayuda humanitaria o de capacitación es un mecanismo para
influir en la agenda interna venezolana.
Contexto de Sanciones: vinculamos
estas acciones con el bloqueo económico y financiero que busca la caída del
gobierno.
Regulación de
ONGs: Esta columna se alinea con la postura de la
necesidad de regular estrictamente el financiamiento internacional a ONGs en
Venezuela.
La perspectiva que
le dimos se basa en la defensa de la soberanía frente a lo que consideramos una
"guerra híbrida" orquestada por potencias extranjeras.
Pues bien, hoy
volvemos sobre este tema, debido a que recientemente el Chatham House produjo
un informe sobre Venezuela, en el contexto del nuevo momento político que
vivimos en la República Bolivariana de Venezuela con posterioridad a los
acontecimientos del 3 de enero de 2026 con la incursión armada estadounidense a
Venezuela que devino en el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de su
esposa, la diputada y Primera Combatiente, Cilia Flores.
Específicamente nos
referimos a un artículo escrito en fecha 20 de abril y actualizado el 23 del
mismo mes del presente año, por el Director del Programa para América Latina de
The Chatham House, Christopher Sabatini, titulado: “Las elecciones democráticas en Venezuela no se producirán de la noche a
la mañana; aquí están las bases que se necesitan primero”.
En el referido trabajo de investigación,
Sabatini señala que a pesar de las crecientes demandas de
la oposición política venezolana (se refiere a la expresión opositora que
representa María Corina Machado, por supuesto) para que se celebren elecciones
libres y justas, la administración Trump y el gobierno interino de Venezuela,
encabezado por la vicepresidenta y hoy
Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez,
han evitado hasta ahora comprometerse específicamente sobre cuándo se
celebrarán las elecciones o cómo podrían organizarse.
Sabatini sostiene que “no hay tiempo que perder para
iniciar las negociaciones preparatorias y las reformas esenciales para
garantizar elecciones creíbles. El abanico de condiciones institucionales,
legales y técnicas que deben cumplirse es aún mayor dada la degradación de la
vida política venezolana —incluida la profunda politización de los servicios de
seguridad y el poder judicial— bajo los regímenes de Chávez y Maduro”.
Expresa Sabatini
que “si Venezuela no quiere perder su
oportunidad histórica de un cambio duradero, necesita iniciar rápidamente una
multitud de reformas electorales y conexas para que el país alcance una
posición en la que sea factible celebrar elecciones creíbles, donde se respeten
los resultados de dichas elecciones y donde el acuerdo político y económico que
surja del proceso sea duradero y beneficioso para todos los venezolanos”.
Cualquier
parecido con lo que algunos actores políticos del extremismo fascista vienen
planteando, incluso otros que no lo son tanto, pues ya vemos que no es mera
coincidencia. Pero, prosigamos.
“Un gobierno democrático viable requerirá un
nivel mínimo de estabilización macroeconómica. Esto implicará lograr la
estabilidad monetaria, un flujo positivo de divisas fuertes —a través de
exportaciones e inversiones legales— y mejoras en el balance fiscal. Si bien
podrían celebrarse elecciones sin avances en estas áreas, esto dejaría sin
resolver la crisis de legitimidad del gobierno y aumentaría los riesgos de
inestabilidad política y social”. Señala Sabatini en su documento.
Y
en esto coincide este analista con el plan de tres etapas de Estados Unidos:
1.- Estabilización, 2.- Recuperación Económica para en el número 3.- Si
apuntalar a una “transición política”.
“Al mismo tiempo, la reforma política no
puede demorarse demasiado. Las elecciones no pueden posponerse —como algunos
mensajes estadounidenses parecen haber insinuado¹—hasta que la economía se haya
recuperado. Eso sería simplemente aplazar el problema. En cambio, la
planificación electoral debe comenzar de inmediato, en paralelo con la
estabilización macroeconómica, e incluso antes de que se fije una fecha para
que los votantes regresen a las urnas.”
Ya acá Sabatini presiona a la administración
Trump de que debe obligar a Venezuela en le definición de un cronograma
electoral. No le importa que Estados Unidos su economía
producto de la constitución de un sistema económico y financiero alternativo
por parte de su principal acreedor, la República Popular China, y en una jugada
de alto impacto, el 3 de abril haya sacado al mercado a la venta 630 mil
millones de dólares en bonos del tesoro de EEUU para la compra de oro. Lo que
pulverizó la confianza en la deuda de ese país, les ha subido las tasas de
interés y la emisión de dólares inorgánicos que se traduce en inflación que
debe pagar el contribuyente estadounidense, y en ese sentido, para que su
economía no colapse, y en el marco de su nueva doctrina de Seguridad Nacional,
debe volcar su atención no solo en el petróleo sino en los minerales, óxidos
críticos y “tierras raras” que abundan en Venezuela. Este detalle parece que
Sabatini lo obvia en su análisis porque antepone los intereses políticos de los
grupos que lo financian a él y a Chatham House.
Y es ahí, donde
Sabatini señala: “Deben cumplirse varias
condiciones fundamentales: inclusión política en todo el espectro ideológico,
respaldada por autoridades legítimamente reconocidas; fin de las
inhabilitaciones políticas arbitrarias para opositores y críticos del gobierno;
claridad institucional en cuanto a las competencias electorales y judiciales;
garantías legales y de seguridad para los actores políticos y sociales
pertinentes; e integridad técnica del sistema electoral.”
Cualquier parecido
con lo planteado por María Corina Machado y otros actores políticos que la
secundan, insistimos, no es mera coincidencia.
“Lograr estas condiciones requerirá una serie
de reformas políticas, institucionales, legales y técnicas específicas. También
requerirá compromisos políticos y buena fe por parte del gobierno interino de
Venezuela, la oposición y los actores internacionales (especialmente
Estados Unidos)”.
Ya sabemos de dónde
vienen esas ideas y “propuestas” de algunos actores políticos que presionan por
un “calendario electoral”.
“Las reformas deben incluir: el nombramiento
de un Consejo Nacional Electoral (CNE,² independiente ;el organismo que
supervisa las elecciones en Venezuela); garantías de que las fuerzas armadas
politizadas de Venezuela no interferirán en las elecciones; la derogación de
las leyes que limitan la libertad de expresión, los medios de comunicación
independientes, la actividad política y el financiamiento extranjero de la
sociedad civil; la determinación de qué elecciones se celebrarán, con un
cronograma para cada una; la renovación del registro de votantes, incluyendo a
los venezolanos en la diáspora que tengan edad para votar; una auditoría transparente
del sistema electoral; y la participación de observadores electorales
internacionales profesionales y observadores ciudadanos durante todo el proceso”.
Esta es la cartilla
de las elecciones “justas, creíbles y transparentes” que plantea el sistema
hegemónico, incluso invitando a violar nuestra propia Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
Según Sabatini, las
venezolanas y los venezolanos “deseamos
un cambio, y no aprovechar la salida de Maduro como catalizador para la
democratización podría generar inestabilidad política o impulsar a los
elementos restantes del régimen a afianzarse, consolidando aún más el
autoritarismo. Según una reciente encuesta de opinión pública realizada por la
consultora estadounidense Gold Glove Consulting, la mayoría de los venezolanos
se mostraron satisfechos de ver a Maduro fuera del gobierno. Según la misma
encuesta, el 68% de los encuestados quiere elecciones este año, mientras que
solo el 14% prefiere esperar hasta 2030, fecha nominal del fin del mandato de
Maduro/Rodríguez.3”
Traducido esto,
significa que si la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez en medio del contexto
complejo en el que le toca maniobrar, a 117 días de su encargaduría en la
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, sigue manteniendo la paz
y estabilidad en el país, la Revolución Bolivariana podría afianzarse, y el
movimiento popular y revolucionario reorganizarse en espera de mejores
circunstancias para continuar la lucha. Y prácticamente propone una agenda de desestabilización,
caos y violencia que implique la defección de la hoy Jefa de Estado en
Venezuela.
“La necesidad de revertir la erosión de los
derechos en Venezuela sigue siendo primordial. Según la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su misión
independiente de investigación en Venezuela y grupos independientes de derechos
humanos, las eras de Hugo Chávez y Maduro produjeron un deterioro constante de
la independencia del sector judicial y de seguridad, con el gobernante Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) utilizando el poder judicial y los
servicios de seguridad para reprimir la disidencia y sofocar la voluntad
popular de cambio.⁴”
Ahora entendemos
los ataques a la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Sabatini incluso da
líneas a las más de 400 Ong que operan en Venezuela (Provea, Foro Penal, Una
Ventana a la Libertad, etc.) para que en los nuevos formatos de injerencia e
intervención a nuestros pueblos, propicien el derrocamiento del actual gobierno
y se escale en las políticas de
injerencia sobre Venezuela.
“Estados Unidos y otros actores
internacionales desempeñarán un papel importante en los preparativos
electorales, estableciendo y garantizando parámetros de referencia y asegurando
el cumplimiento de los plazos. Sin embargo, la experiencia de negociaciones
anteriores entre la oposición y el gobierno de Maduro demuestra el riesgo de
que el gobierno interino retrase la formulación y el cumplimiento de sus
compromisos de liberalización. Para abordar este riesgo, será necesario reducir
las condiciones estructurales que refuerzan la política de suma cero de
Venezuela, de modo que los gobernantes y sus aliados económicos sean menos
propensos a resistir las reformas por temor a represalias o a la pérdida de
estatus o privilegios. Esta es una condición indispensable para cualquier
proceso electoral duradero. Al mismo tiempo, gestionar a los posibles factores
que podrían obstaculizar el proceso será fundamental para evitar que se repitan
los retrasos anteriores”.
Este párrafo es una
abierta amenaza al Gobierno y al pueblo venezolano en imposición de condiciones
electorales que no solo violan nuestra Constitución sino que pretenden socavar
nuestra soberanía. Ahí tanto el Gobierno como los movimientos populares incluso
sectores de oposición que no se alinean a estas directrices y que podemos
catalogarlos de nacionalistas, deben plantar cara y no aceptar bajo ninguna
circunstancia estos señalamientos que desde tanques de pensamiento extranjeros
pretenden imponernos.
Sabatini plantea
que uno de los dilemas esenciales para Venezuela y sus actores internacionales
radica en la tensión entre responder a las demandas populares de una rápida
democratización y seguir los minuciosos —e inevitablemente largos— procesos
preparatorios, esenciales para garantizar elecciones creíbles.
“Si las elecciones se celebran con demasiada
rapidez —sin reformas permanentes o provisionales de la comisión electoral, la
derogación de las leyes que limitan los derechos políticos y civiles, y una
actualización completa del registro electoral tanto para los votantes
nacionales como para los de la diáspora—, se corre el riesgo de que un
ejercicio potencialmente democrático se convierta en meramente simbólico”.
“Peor aún, sin la despolitización de los
servicios de seguridad y la reforma del sector judicial, cualquier gobierno
electo que reemplace al régimen actual podría terminar heredando la legislatura
progubernamental y el Estado politizado del PSUV. Dicho gobierno probablemente
sería efímero o, en el mejor de los casos, se vería gravemente limitado en su
capacidad para garantizar una rendición de cuentas democrática genuina”.
Acá señalamos lo
siguiente: De acuerdo a nuestra Constitución, el único escenario electoral en
el mediano plazo que podría plantearse es que a partir del 10 de enero de 2028
se plantea la posibilidad si la oposición se organiza y cumple con los
requisitos previsto en la Constitución y en la ley, de activar la figura de un
referendo revocatorio. Y si el chavismo logra reorganizarse y rearticularse con
la población, pueda nuevamente ganar ese proceso. Sabatini está marcando las
opciones para que eso no ocurra. Porque le tienen miedo a un chavismo
movilizado, consciente y en las calles presto a defender su independencia y su
soberanía.
“Por otro lado, la demora conlleva el riesgo
de estancamiento político y un autoritarismo más arraigado. Podría permitir que
el gobierno interino continúe indefinidamente en su forma actual, prácticamente
intacto salvo por la pérdida de Maduro como presidente. Esto no solo destruiría
las esperanzas de democracia en Venezuela, sino que también crearía un
peligroso modelo para otros países del hemisferio occidental, la mayoría de los
cuales han disfrutado de más de 40 años de gobierno democrático”.
A confesión de
partes, relevo de pruebas, decimos los abogados y abogadas.
“Estados Unidos será decisivo para evitar
tales problemas. Sus capacidades económicas, diplomáticas y coercitivas forman
parte del entorno estratégico que configura el futuro de Venezuela. Cualquier
vía electoral creíble debe entenderse dentro de este contexto geopolítico. Por
lo tanto, el inicio y el éxito de la reforma electoral dependerán
sustancialmente de la administración Trump.”
“No obstante, otros actores internacionales
tienen un papel importante que desempeñar. Los gobiernos y las instituciones
multilaterales de Europa y América deberán ofrecer garantías y asistencia en
las negociaciones sobre elecciones democráticas, mejoras en el derecho
mercantil e inversiones en áreas clave de la economía, incluyendo
infraestructura, minería socialmente responsable y servicios financieros.”
Esta última aseveración del párrafo citado es lo que
pretende aplicar María Corina Machado con el lobby internacional que realiza en
estos momentos para tratar de imponer una agenda electoral venezolana, ante el descarte
de Trump para que ella fuese la que encabezara la “transición” en Venezuela.
“La precipitación en la celebración de
elecciones sin una reforma del CNE ni un proceso independiente para supervisar
la votación, dirimir disputas y garantizar que el candidato que obtenga la
mayor cantidad de votos sea debidamente declarado vencedor corre el riesgo de
repetir el fracaso de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024,
aunque esta vez con una mayor amenaza de convulsión política y social”.
Ya acá se advierte
uno de los objetivos de los poderes hegemónicos del mundo en su plan colonial
para dominar a Venezuela. Y nosotros no podemos permitir que ese proyecto se
concrete. Alerta.
“El diseño electoral —incluidos los plazos,
los procedimientos y el seguimiento—es inseparable de las realidades de poder
subyacentes, como quién controla las instituciones,quién puede bloquear las
reformas y qué actores nacionales e internacionales determinanlo que es
factible. El objetivo en el nuevo contexto posterior a Maduro debería ser
encontrarel umbral mínimo para un acuerdo político sobre las reformas
institucionales y legales necesarias para garantizar elecciones creíbles,
seguras y ejecutables sin incitar a la inestabilidad.”
Esto no es más que
un intento de injerencia a nuestros asuntos internos violatorio de la Carta de
Naciones Unidas, además de constituir una violación flagrante e inaceptable a
nuestra Constitución y soberanía. Nuevamente hacemos la alerta.
“La importancia de calibrar el proceso de
esta manera quedó de manifiesto en las conclusiones de analistas del gobierno
estadounidense (incluidos los del Pentágono y el Departamento de Estado),
quienes argumentaron durante el primer mandato de Trump, y nuevamente al inicio
del rearme militar a finales de 2025 que condujo a la destitución de Maduro,
que un intento masivo de reemplazar rápidamente a todo el gobierno de Maduro
con la oposición democrática podría desembocar en caos y violencia.⁵”
El que alertó
específicamente de este punto fue Ali Moshiri, Ex CEO de Chevron e informante
de la CIA que se reunió en su momento con el Comandante Chávez y con el
Presidente Nicolás Maduro Moros. Esto según The Wall Street Journal.
“Un desafío esencial para la seguridad en
este contexto es que las otrora independientes fuerzas armadas se han
politizado profundamente por el PSUV. Además, se entiende que el ministro del
Interior pro-Maduro, Diosdado Cabello —aún en el poder— controla una milicia
privada (conocida como los “colectivos”) que opera en apoyo del gobierno.
Establecer la seguridad antes y después de las elecciones se verá también
complicado por la amplia presencia y las operaciones del grupo
guerrillero/criminal colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ELN controla territorio venezolano a lo largo de la frontera
con Colombia y también se sabe que opera en la región minera de oro del Orinoco.
Con el presunto permiso de las fuerzas armadas venezolanas, el ELN se dedica al
narcotráfico y a la minería ilegal de oro, y en varios casos el grupo ejerce de
facto la gobernanza local en ausencia de un gobierno oficial efectivo.⁶”
Acá se ataca a nuestra
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al capitán Diosdado Cabello Rondón y al
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) donde se busca su inhabilitación,
diezmarlos y debilitarlos de cara a un escenario electoral o cualquier
coyuntura. Detalle no menor en este análisis que realizamos y que queremos
convertir en alerta temprana tanto para nuestro Gobierno como para el
movimiento popular y Venezuela toda.
“Dos décadas de gobierno del PSUV también han
propiciado la politización del sistema judicial nacional.
La Corte Suprema está repleta de leales al gobierno, al
igual que los tribunales federales inferiores, y el partido gobernante controla
una supermayoría en la Asamblea Nacional unicameral.”
De ahí que el
proceso recientemente iniciado de reestructuración del Tribunal Supremo de
Justicia acompañado de la Comisión Nacional para la Consulta de la Justicia
Penal del país debemos cuidarlo al extremo. No deseamos una politización del
Poder Judicial en favor del PSUV, pero tampoco podemos permitir una politización
hacia otros intereses no solo político-partidistas, sino económicos o incluso
foráneos y contrarios a los intereses nacionales. Esto como necesaria
advertencia y aclaratoria ante esta evidente tergiversación y manipulación de
Sabatini.
“Este control partidista del aparato estatal complica las
elecciones y cualquier posible transición democrática. En las condiciones
actuales, si la oposición ganara unas elecciones presidenciales —incluso con un
terreno de juego que favorece al PSUV— tendría que enfrentarse a una Asamblea
Nacional, fuerzas de seguridad pública, milicias privadas y grupos ilegales que
operan con la connivencia o cooperación de las fuerzas armadas, y un sistema
judicial controlado directa o indirectamente por elementos del gobierno interino
de Rodríguez.” Se lee en el paper de Sabatini.
Los mismos
pretextos que emplearon en su momento con el Comandante Chávez. También con
Nicolás Maduro y que ahora pretenden utilizarlos en la actual coyuntura y
aplicarlos a Delcy Rodríguez.
“Un desafío relacionado es que las fuerzas
armadas venezolanas históricamente han supervisado la seguridad, la
infraestructura y la logística de las elecciones, un papel que se remonta
incluso a antes de los mandatos del expresidente Chávez y su sucesor elegido a
dedo, Maduro, bajo un mecanismo conocido como Plan República. Ahora, sin
embargo, infiltradas por leales y aparentemente controladas por un presidente interino
del PSUV, esas fuerzas necesitarán que se revisen sus competencias operativas y
su relación con el Estado para determinar cómo los militares pueden gestionar
de forma transparente y objetiva unas elecciones libres y justas.”
Sabatini acá
cuestiona el papel de nuestra FANB en el despliegue del “Plan República”, el
cual no es nuevo ni es en la Quinta República que se implementa, sino desde
tiempos inmemoriales.
En resumen,
Sabatini revela que las recomendaciones que formuló en el presente trabajo es
producto de reuniones de “un grupo de
trabajo de Chatham House compuesto por 20 expertos internacionales y venezolanos
en elecciones, diplomáticos (tanto en activo como retirados), académicos
especializados en transiciones democráticas y democratización, y representantes
de la oposición venezolana”.
“Las conversaciones y los preparativos deben comenzar con los pasos que se detallan a continuación. Si se implementan por completo, estos pasos tomarán al menos un año, lo que indica, una vez más, que es el momento de iniciar las complejas negociaciones necesarias”. Mucho ojo con esto.
“Las recomendaciones, enumeradas aproximadamente en el
orden cronológico propuesto para su implementación, están dirigidas al gobierno
interino, la oposición y la sociedad civil, así como a Estados Unidos y otros
actores internacionales. Dependiendo de la tarea, diversas combinaciones de estos
actores deberán cooperar o coordinarse en los siguientes pasos:”
Derogar las leyes
restrictivas:
Cualquier acuerdo político deberá comprometerse con el restablecimiento de los
derechos políticos y civiles garantizados constitucionalmente.
Esto requiere la derogación de las leyes que limitan la
libertad de expresión, de reunión y de organización política. En concreto, la
legislación que debe derogarse incluye la ley contra la delincuencia y el
terrorismo,7 la ley que criminaliza el
odio 8 y la ley que
penaliza la ley de «responsabilidad social de los medios de comunicación»,⁹ y
las regulaciones que restringen la financiación internacional de las
organizaciones no gubernamentales.¹⁰
Acordar un pacto
político sobre el proceso electoral: Las negociaciones sobre las reformas preparatorias
deben comenzar de inmediato, incluso antes de que se fijen las fechas de las
elecciones. Un acuerdo político entre el gobierno, la oposición y la sociedad
civil debe abarcar lo siguiente: reforma del CNE; mecanismos de arbitraje para
las disputas electorales; reconocimiento legal de los partidos políticos
conforme a la Constitución; y las reformas legales conexas. Estados Unidos debe
impulsar y garantizar cualquier acuerdo. En este sentido, Estados Unidos puede
contar con el apoyo de otros actores internacionales, entre ellos, Canadá, los
gobiernos europeos, la UE y los países vecinos de Venezuela en el Caribe y
América Latina. Muchos de estos gobiernos tendrán una influencia considerable
en las negociaciones, ya sea sobre sanciones a funcionarios gubernamentales, la
reincorporación de Venezuela al sistema financiero internacional o la situación
de los activos venezolanos congelados en bancos extranjeros.
Ya a este respecto
párrafos más arriba expresamos nuestra opinión al respecto y lo resumimos de la
siguiente manera: “Dentro de la Constitución todo, fuera de ella, nada”.
Establecer un
cronograma para las elecciones: Es fundamental llegar a un acuerdo sobre la secuencia y
el calendario de las elecciones, pero fijar las fechas de todas las elecciones
que Venezuela deberá celebrar no debe ser una condición previa para iniciar el
proceso de reforma. La prioridad debe ser organizar las elecciones
presidenciales, pero su fecha solo debe acordarse al mismo tiempo que se fijan
las fechas de las elecciones legislativas, regionales y locales subsiguientes.
La Constitución exige que las elecciones se anuncien con al menos seis meses de
antelación. Dicho cronograma también debe incluir un período de al menos cuatro
meses para las primarias. El calendario de las demás elecciones debe ser lo
suficientemente cercano al de las presidenciales para reducir el riesgo de que
el ejecutivo quede políticamente aislado (y, por lo tanto, a merced de los
remanentes del régimen de Maduro en la Asamblea Nacional y los gobiernos regionales
y locales); esto también es necesario para asegurar que la democratización
mantenga su impulso.
Reformar la
comisión electoral: Es fundamental establecer una CNE políticamente independiente y
creíble. El proceso para nombrar una nueva junta de rectores de la CNE deberá
definirse mediante negociaciones. También será necesario negociar el estatus
—interino o permanente— de la CNE reformada. Todos los rectores deberán ser
reelegidos y confirmados mediante un proceso que garantice el equilibrio y
asegure la representación de la oposición política actual en la junta. Una vez
confirmada la nueva junta, también será necesario revisar y confirmar la
composición del personal de la CNE, tanto a nivel nacional como regional.
Garantizar
mecanismos creíbles y equilibrados para la resolución de controversias: Aun con una CNE reformada,
Venezuela carecerá de la capacidad arbitral independiente suficiente, tanto
judicial como judicial, para resolver controversias de manera creíble. De
particular importancia son las salas electoral y constitucional de la Corte
Suprema. Si bien la reforma judicial será necesaria a largo plazo para
establecer una auténtica democratización, existen soluciones provisionales más
rápidas. Para facilitar la celebración de elecciones, podría ser suficiente
algún tipo de compromiso entre el gobierno actual, la oposición y los actores
internacionales sobre la creación de una autoridad interina que pueda dirimir
controversias, o sobre un reequilibrio institucional.
Otro elemento inaceptable
puesto que no aceptamos injerencias ni tutelajes de poderes foráneos
extranjeros.
Abordar los temores
de los gobernantes: El grupo de trabajo destacó tres condiciones específicas para ayudar
a reducir la inseguridad y la competencia electoral de suma cero.
La primera es revocar la enmienda constitucional de 2009
que permite la reelección presidencial indefinida. La segunda es eliminar el
monopolio de cualquier partido gobernante sobre el activo económico más
importante de Venezuela, PDVSA; un pacto político debería incluir medidas para
diversificar y reequilibrar el consejo de administración de la empresa estatal
de hidrocarburos. La tercera condición debería ser acordar un marco de verdad y
reconciliación que equilibre los principios de rendición de cuentas por
violaciones de derechos humanos con la necesidad pragmática de reconciliación.
Aquí incluso
plantea Sabatini una derogatoria de facto de nuestra Constitución. Y esto lo
rechazamos de plano totalmente.
Actualización del
padrón electoral: Una nueva tarea del CNE será actualizar el padrón electoral de
Venezuela. El CNE ha realizado actualizaciones internas de forma esporádica.
También será necesario actualizar los padrones electorales de los millones de
venezolanos en edad de votar que actualmente viven en el extranjero.
Publicación de
resultados a nivel de mesa electoral: De conformidad con la ley y la práctica habitual, la CNE
debe publicar y respetar los resultados a nivel de mesa electoral; estos deben
servir de base para los resultados oficiales de las elecciones. Para garantizar
la confianza pública en el voto, la publicación debe ajustarse a los principios
de datos electorales abiertos,¹¹ y gestionarse de manera que los resultados
sean accesibles de forma oportuna a todos los candidatos políticos y al
público. El proceso de publicación deberá permitir la verificación de los
resultados de cada mesa electoral.
Asimismo, debe garantizar que los resultados generales
reflejen con precisión los datos de todas las mesas electorales y el número de
votos emitidos.
Esto siempre se ha
hecho en todos los procesos electorales y la única vez que no se hizo fue en el
año 2024 debido al hackeo del portal del CNE.
Auditoría del software de votación y debate sobre una
reforma más amplia de los mecanismos electorales:Un nuevo CNE deberá convocar
una auditoría transparente del software electoral actual.
Varios líderes de la oposición han defendido un proceso
de votación manual.
El cambio del voto electrónico a nivel nacional
requeriría una consulta social más amplia y podría retrasar las elecciones.
Sabatini revela su
desconocimiento del sistema electoral venezolano, debido a que en cada proceso
electoral se realizan no menos de 17 auditorías, incluyendo el software. Pero
además coincide con Machado al pedir un proceso manual, lo cual repudiamos.
Revisar el proceso
constitucional para determinar la elegibilidad de candidatos y partidos:
Será necesario eliminar las sanciones administrativas
utilizadas en el pasado para invalidar a candidatos y partidos, generalmente
partidos y líderes de la oposición.
Esto para allanar
la participación de María Corina Machado en un escenario electoral.
Realizar una
evaluación de riesgos del Plan República: El Plan República, un acuerdo vigente desde hace mucho
tiempo, anterior al PSUV, mediante el cual las fuerzas armadas gestionan la
logística y la seguridad electorales, deberá ser revisado. Esto tiene como
objetivo abordar las preocupaciones sobre el partidismo de las fuerzas de
seguridad venezolanas.
Afortunadamente, existe un modelo. La coordinación entre
los partidos de oposición, la sociedad civil y las fuerzas armadas en las elecciones
de 2010, 2012 y 2015 generó suficiente confianza y podría repetirse sin una
reforma integral de la seguridad antes de las elecciones.
Garantizar una
supervisión electoral integral: Tanto los observadores internacionales profesionales
como los observadores nacionales (o ciudadanos) no partidistas deben tener
acceso sin restricciones para supervisar la implementación del pacto y todos
los aspectos del proceso electoral. Esto incluye que los observadores
internacionales y nacionales realicen las siguientes funciones: observación a
largo plazo del restablecimiento de las libertades fundamentales; seguimiento
de la reforma del CNE; garantía de que todos los partidos y candidatos puedan
hacer campaña libremente; presentación de informes sobre los preparativos
electorales (incluido el registro de votantes); colaboración con equipos
técnicos para examinar aspectos específicos de las elecciones (auditoría del
registro de votantes y de los sistemas de votación); y garantía del despliegue
sistemático de observadores el día de las elecciones.(incluida la verificación
independiente de los resultados por parte de observadores nacionales); y el
seguimiento, posterior a las elecciones, del anuncio de los resultados, la
resolución de las controversias electorales y la toma de posesión de los
candidatos ganadores. Todas las actividades de observación electoral y las
invitaciones deberán ajustarse a la Declaración de Principios para la
Observación Electoral Internacional.
Nos disculpan lo
extenso. Pero ante la gravedad de este papel de trabajo hemos querido advertir
al Gobierno y al país porque sencillamente no podemos permitir que este papel
de trabajo nos sea impuesto.
Alerta.
¡Bolívar y Chávez Viven.
Sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Independencia y
Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
¡Leales siempre: Traidores Nunca!
Notas a pie de
página:
1 Reuters (2026), ‘US energy secretary to visit
Venezuela to discuss PDVSA leadership, Politico reports’, 9 February 2026,
https://www.reuters.com/business/energy/us-energy-secretary-visit-venezuela-discusspdvsa-leadership-politico-reports-2026-02-09.
2 Consejo Nacional Electoral.
3 Gold Glove Consulting (2026), ‘Venezuelans
Hopeful, But Desire Quicker Transition’, February 2026,
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2026/02/02.06.2026-ENG-VZLA-Gold-Glove-PPTX.
v3.nd-1-public-2-18-AC-1.pdf.
4 UN Office of the High Commissioner for Human
Rights (2025), ‘Venezuela: Bolivarian National Guard responsible for systematic
violations and crimes against humanity, UN Fact-Finding Mission says’, press
release, 11 December 2025,
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/12/venezuela-bolivarian-national-guardresponsible-systematic-violations-and;
Human Rights Watch (2026), ‘Venezuela: Events of 2025’, World Report 2026:
Events of 2025, https://www.hrw.org/world-report/2026/country-chapters/venezuela.
5 Crowley, M. (2025), ‘U.S. Ran a War
Game on Ousting Maduro. Venezuela Fell Into Chaos’, New York Times, 20 November
2025, https://www.nytimes.com/2025/11/20/us/politics/venezuela-maduro-fallout-trump.html;
Masih, N. (2025), ‘How Trump’s Venezuela threats echo CIA-backed regime
change in Latin America’, Washington Post, 10 December 2025,
https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/12/10/ cia-latin-america-trump-venezuela.
6 InsightCrime (2026), ‘ELN in Venezuela’, 13
January 2026, https://insightcrime.org/venezuelaorganized-crime-news/eln-in-venezuela
7 La Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2012), Ley orgánica contra
la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ven_ley_del_org_
finan_terr.pdf.
8 La Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2017), Ley constitucional
contra el odio, por la convivencia pacífico y la tolerancia, http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2017/11/Ley-Constitucionalcontra-el-Odio-por-la-Convivencia-Pac%C3%ADfica-y-la-Tolerancia.pd
9 La Asamblea
Nacional De la República Bolivariana de Venezuela (2004), Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, https://docs.venezuela.justia.com/federales/leyes/ley-de-responsabilidad-social-en-radio-y-television.pdf.
10 La Asamblea
Nacional De la República Bolivariana de Venezuela (2014), Ley de Fiscalización,
Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No
Gubernamentales y Afines, https://faolex.fao.org/docs/ pdf/ven234212.pdf.
11 Open Election Data Initiative (undated),
‘Section 2: Open Election Data Principles’, https://openelectiondata.net/en/guide/principles.
* Abogado, Defensor de Derechos Humanos,
Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiteros y Tuiteras
Socialistas. , jmartoranoster@gmail.com, j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar , cuenta
tuiter e instagram: @juanmartorano, cuenta facebook: Juan Martorano Castillo.
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