Siete bases y un destino entre Venezuela y Colombia

Aurelio Gil Beroes

El caso de las siete bases del ejército norteamericano en territorio colombiano cobra un inusitado rumbo, luego de que la Corte Constitucional de ese país declarara el martes 17 de agosto como inconstitucional el acuerdo que permitió su establecimiento.

El acuerdo en cuestión fue suscrito el 20 de octubre de 2009, en Bogotá, por el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y por el embajador estadounidense en ese país, William Brownfield.

El pacto, aun antes de ser firmado, despertó una encendida polémica, dentro y fuera de Colombia, no sólo por sus alcances sino por la forma como venía siendo negociado por las autoridades de Washington y Bogotá.

Al conocerse su existencia, fue denunciado por los presidentes de varios países vecinos como una presencia injerencista de tropas norteamericanas y una amenaza para la estabilidad de la región.

Revisión constitucional

Producto de la controversia, el mes pasado, el magistrado colombiano Jorge Iván Palacios presentó ante la Corte Constitucional de su país una ponencia contraria a este acuerdo militar, en la que denunciaba que el ejecutivo se excedió en sus funciones, pues, a su juicio, los alcances del pacto debían contar con el beneplácito del Congreso Nacional.

La Corte consideró el alegato y este martes 17 de agosto falló a favor de la ponencia del magistrado Palacios, con lo cual dicho convenio queda eliminado.

El tubazo de Cambio

Desde principios de 2008, el acuerdo militar se estaba negociado secretamente entre Washington y Bogotá.

Pero el asunto se filtró, y la revista colombiana Cambio dio el “tubazo” periodístico del año y reveló la primicia al mundo en su edición del 2 de julio de 2009, causando gran revuelo.

La noticia fue condenada por el ministro de Defensa de Colombia, Freddy Padilla.

“Rechazo y critico -dijo en esa ocasión- a los colombianos o estadounidenses que filtraron esa información, porque este es un acuerdo entre dos naciones serias, que se hace con la reserva debida por lo delicado del tema”.

La primicia se regó como pólvora y luego de varios días de controversia, el Gobierno de Bogotá admitió oficialmente las negociaciones con Washington para la instalación de contingentes militares estadounidenses en, por lo menos, tres bases de la Fuerza Aérea colombiana y en dos de la Armada.

Al final terminaron siendo siete las bases, en diferentes departamentos de la geografía colombiana, pero siempre alineadas a lo largo de la frontera occidental de Venezuela.

“Cambio también reveló que luego de cuatro sesiones de trabajo, las conversaciones, llevadas secretamente por las partes, estaban en su fase final ( julio de 2009) y que el acuerdo al cual se arribaría tendría una duración de 10 años.

La quinta y última ronda de negociaciones se llevaría a cabo en Washington, a principios de agosto de ese año, informó el semanario.

Reseñó asimismo que el convenio tenía la finalidad de “suplir” las operaciones de la estratégica base estadounidense de Manta, en el Pacífico ecuatoriano, la unidad militar de Estados Unidos más importante en Latinoamérica, cuyas actividades debieron cesar en septiembre de 2009, luego de que el Gobierno del presidente Correa se negara a renovar la vigencia del tratado que lo hizo posible.

Debate en Colombia

El lunes 20 de julio de 2009, 18 días después de conocerse la existencia de las negociaciones, legisladores liberales plantearon en el congreso colombiano la discusión del caso.

Se anunció la citación a cámara de tres ministros para que explicaran la situación que comenzaba a generar consecuencias, y que, según varios congresistas, violaba el artículo 173 de la Constitución Nacional de Colombia, que sólo permite el tránsito por el territorio nacional de contingentes militares extranjeros, previa aprobación del Senado.

Los ministros llamados fueron Fabio Valencia Cossio, de Relaciones Interiores; Jaime Bermúdez, de Relaciones Exteriores, y Freddy Padilla, de la cartera de Defensa.

Amenaza para Venezuela

Nuevamente, las ya tensas relaciones entre Venezuela y Colombia entraban en revisión, y esta vez en condición de alerta.

Casi al filo de la medianoche de ese mismo lunes 20 de julio de 2009, el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció que había ordenado la revisión de las relaciones con el vecino país, por considerar que ese proyecto representa una amenaza para la seguridad de Venezuela.

Nueva concepción estratégica

Las tareas de control y vigilancia que sobre el movimiento de los insurgentes colombianos, el tránsito del narcotráfico y las operaciones militares de los gobiernos del área venía haciendo el Colmando Sur de Estados Unidos, desde la base de Manta serían asumidas por las nuevos establecimientos norteamericanos en Colombia.

Se trata de una nueva concepción estratégica, que descentraliza las operaciones focalizadas en Manta, para redistribuirlas, con nuevas funciones, mayor penetración e igual alcance, en puntos específicos del territorio colombiano.

Las bases

En principio, y de acuerdo con lo revelado por el semanario Cambio y con lo admitido por el gobierno de Bogotá, eran cinco las bases involucradas en la negociación.

Tres de la Fuerza Aérea: Malambo, al sur de Barranquilla, en el norte colombiano; Palanquero, en el departamento de Cundinamarca,en el centro del país, y Apiay, al sur, en el departamento del Meta.

Los otros dos puntos son dos bases de la Armada: Málaga, en el Pacífico, y Cartagena, en el Caribe (Atlántico).

Pero posteriormente se agregaron dos más, para llegar a siete: la base de Larandia, en el departamento del Caquetá, y Tolemaida, entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca.

Palanquero como eje

La base Capitán Germán Olano, ubicada en Palanquero, en el departamento de Cundinamarca, en el centro del país, sería el eje operacional del acuerdo.

Esta base, sede del Comando de Aéreo de Combate Nº 1 (CACOM 1) de la Fuerza Aérea colombiana, tiene una pista de aterrizaje de 3.500 metros, mucho mayor que la de Manta que es de 2.900 metros, donde pueden despegar y aterrizar tres aviones al mismo tiempo.

Está provista de cerca de 60 aviones, entre los cuales destacan el grupo de Mirage 5, de fabricación francesa, y el Kfir, de factura israelí. Además cuenta con barrera de frenado, un sistema de redes que detiene al avión que aterriza a altas velocidades.

Palanquero es un complejo militar que puede hospedar a 2.000 hombres, con casino, supermercado, hospital, teatro y dos hangares que pueden albergar entre 50 y 60 aviones cada uno.

Sentencia vs postura oficial

Al abogar por el acuerdo, el para ese entonces ministro de Defensa, Freddy Padilla, manifestó que los expertos asesores norteamericanos en el tema de la cooperación militar consideraban que el Congreso de Colombia no tenía que aprobar esta ayuda, porque la misma formaría parte de un convenio ya existente.

Y subrayó, además,que las aeronaves que ingresen al país en el marco de este acuerdo son de cooperación técnica y no estarán equipadas con armamento de ataque.

“Este acuerdo -expresó- es más de lo mismo. Hace parte de la misma cooperación, además, es un acuerdo que contempla la Constitución de Colombia”.

Por su parte, Álvaro Uribe, presidente de Colombia para ese entonces, dijo a la prensa que “...obtener acuerdos con países como los Estados Unidos, para que, con todo el respeto a la Constitución colombiana, a la autonomía de Colombia, nos ayude en esta batalla contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país”.

Soldados y dólares

El acuerdo anulado por la Corte Constitucional colombiana contemplaba la presencia en territorio colombiano de otros 1.400 efectivos militares: 800 soldados y 600 contratistas, en un estatus legal que establecía, incluso, la inmunidad de los efectivos extranjeros.

Asimismo, el acuerdo comprendía un desembolso de 5 mil millones de dólares por parte del gobierno de Washington durante los 10 años de vigencia del acuerdo.

El futuro

El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, magistrado Mauricio González, ha dicho que el efecto de la decisión de la corte es que las siete bases no pueden instalarse, si el Congreso no aprueba el acuerdo con EEUU.

Pero señaló que los militares y pertrechos que por el convenio ya se encuentran en Colombia puede ser reubicados por otras bases admitidas con anterioridad.

El futuro deberá dar respuesta a la pregunta: ¿Someterá el presidente Juan Manuel Santos el acuerdo militar de las siete bases al Congreso, cuando las relaciones con Venezuela acaban de ser restablecidas?

La circunstancia permitirá medir cuan estrechas eran las coincidencias entre el ex presidente Uribe y quien fue su ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, el actual presidente de Colombia.